Trabajadores de la Defensoría del Público advierten que son más de 140 empleados que tienen en riesgo su puesto laboral ante el cierre del organismo. Mediante un comunicado explicaron que “la intervención de Soher El Sukaria modificó el estatuto del organismo sin la participación de la bicameral ni de ningún otro ente que le de legitimidad institucional mayor que el de este mismo nombramiento que es igual de ilegitimo ya que fue realizado por acto administrativo dirigido desde el ejecutivo, una entidad que no debería tener injerencia sobre la Defensoría que es un entidad perteneciente al poder legislativo”.
En ese sentido, señalaron que junto a dicha modificación estatutaria se realizó “una reestructuración de la planta que elimina áreas fundamentales que son la que tienen capacidad de sanción, las de capacitación, las de protección de derechos y las pedagógicas”. Por lo tanto, indicaron que solo quedan en funcionamiento las áreas encargadas de hacer informes y tomar denuncias. “Sin capacidad de acción, la Defensoría, que ya sufría desde hace varios años, las consecuencias de limitaciones en su labor, quedará obsoleta”, expresaron.
Por otro lado, informaron que desde las autoridades notificaron el pase a disposición de 40 personas que eran planta permanente de la entidad, “pero quienes trabajaron hasta el mes pasado en el organismo afirman que por reglamento, en caso de que la Defensoría del Público cierre, deberían pasar a cumplir tareas en el Congreso Nacional”.
Asimismo, explicaron que la Defensoría del Público es producto de numerosos foros de universidades públicas y medios durante años. En cuanto a su función, comentaron que el organismo tiene como misión escuchar a las audiencias y representar sus intereses.
En esa línea, agregaron que “gracias a audiencias públicas que se hacían en todo el país, ha producido documentos e investigaciones clave para la evolución cultural, siendo reconocida internacionalmente por su compromiso con la promoción de sociedades más pacíficas”. Y aclararon que su trabajo, aunque no cuenta con capacidad sancionadora, fue vital para mejorar la calidad de la comunicación en Argentina y en el mundo. “Inspirados por este ejemplo, existen defensorías en muchos países, ejerciendo una escucha activa que transforma lo que antes se penalizaba”, sostuvieron.
En el escrito afirmaron que “es un organismo que defiende el derecho a la comunicación, hizo falta fallar a la palabra, solamente, para destruir el sueño de toda una patria, que al mismo tiempo es ejemplo en el mundo entero”. “La mentira triunfó contra años de utopías democráticas, en un lugar que debería ser un bastión de defensa del derecho a la comunicación. Violencia es mentir, y se ha usado la violencia para desmantelar lo que durante años ha sido un faro de esperanza. Este es un golpe a las utopías democráticas, y los derechos obtenidos”, añadieron.
Para finalizar, enfatizaron en que mientras se cierran estas instituciones, crece la violencia en los medios sin que el Estado cumpla ninguna función de resguardo para la sociedad. “¿Quién garantizará que se respete el horario de protección al menor? ¿Cómo harán las audiencias para denunciar la violencia a diversos sector sociales por parte de los medios?”, cuestionaron.