Diversos sectores de la sociedad repudian el avance estatal a las comunidades indígenas en Argentina. Uno de ellos es la Red de Pueblos Fumigados bonaerenses, que emitió un comunicado en el que expresaron su solidaridad con las personas afectadas.
Lo hicieron a modo de conclusión del 14° Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires por la Agroecología y el Buen Vivir, que se desarrolló desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre en el Balneario Municipal de Vedia.
Allí, las asambleas, comunidades, organizaciones y personas autoconvocadas que se reúnen de forma anual, consensuaron manifestar su apoyo “con todas las comunidades indígenas del país que padecen la opresión y la persecución del Estado, como también de las corporaciones extractivistas y contaminantes”.
Una de las situaciones que denuncian es el desalojo por parte del Estado nacional a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut), que terminó de concretarse este jueves 9 de enero.
Defensores ambientales
La Red de Pueblos Fumigados bonaerenses lucha contra el agronegocio y la fumigación con agroquímicos; y persigue la implementación de un sistema agroalimentario que conecte con la naturaleza, la biodiversidad y respete los derechos humanos.
En su último comunicado, explicaron que en los últimos tiempos “tejieron su interculturalidad con el debido respeto y sin apropiaciones conceptuales, que ha permitido la integración y la participación de comunidades indígenas que inclusive oficiaron de anfitrionas del encuentro provincial”.
Así fue como en 2023, la reunión anual se llevó a cabo en la Escuelita de Agroecología Popular “Kelu Mula” de Lincoln, donde las Familias Originarias “Rupu Antu Linkoln” fueron las anfitrionas del evento.
En ese sentido, desde la Red de Pueblos Fumigados consideraron que la búsqueda de justicia ambiental por la que claman no puede desentenderse “de los atropellos y violaciones de derechos humanos” que atraviesan las comunidades indígenas, preexistentes en el territorio nacional.
Agregaron que “los grandes sectores beneficiados del modelo ecocida y depredador del Agronegocio” son reconocibles en la “apropiación y despojo que representó el Genocidio de los Pueblos Originarios en la mal llamada “Conquista del Desierto”.
Afirmaron que sus efectos aún persisten, y se profundizan con las recientes medidas del actual gobierno al desconocer el derecho a la propiedad comunitaria indígena.
Es por eso que repudiaron el DNU 1083/24, que habilita los desalojos de las comunidades indígenas y suspende el relevamiento de la Ley 26160; y acompañaron la denuncia que realizó la Lamngen Mapuche – Tehuelche Ivana Huenelaf, para declarar como genocidio a la Campaña del Desierto.
El desalojo a la Lof Pailako
Desde la Red de Pueblos Fumigados bonaerenses también expresaron su solidaridad con la Comunidad Mapuche Pailako, “exhortando al magistrado actuante que respete los derechos indígenas reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y en la Ley 23302”.
Sin embargo, esto no fue así. La Justicia Federal de Esquel finalmente dispuso la expulsión de la comunidad de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut. La comunidad se retiró de forma pacífica antes de la llegada de la Policía Federal y la Gendarmería, el pasado jueves 9 de enero.
El desalojo prometía ser un show aleccionador, hasta la ministra de seguridad Patricia Bullrich se presentó en el sitio junto a su par provincial, el ministro Héctor Iturrioz. Pero como la Lof Pailako abandonó su hogar antes de su llegada, no hubo lugar para la violencia.
La comunidad indígena reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces desde 2020. En la actualidad, una veintena de personas viven allí y funciona un centro educativo.
Tras una larga lucha judicial, el 30 de diciembre de 2024, el juez federal de Esquel Guido Otranto habilitó el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso. Tampoco se agotaron los recursos legales que presentó la comunidad, y se desestimó un hábeas corpus preventivo que interpuso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El pasado 2 de enero, se notificó a la comunidad sobre el desalojo y se le dio un plazo de cinco días hábiles para abandonar el territorio. La Justicia advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios».
El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para sus denuncias es preservar el área protegida. No tienen en cuenta que la ONU destacó en 2023 el rol de los pueblos originarios en el cuidado ambiental.
“Gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”, afirmó el organismo.