En un contexto donde una mujer es asesinada cada 37 horas, la senadora nacional Carolina Losada presentó un proyecto para agravar las penas por denuncias de falso testimonio cuando se trata de delitos por violencia de género y abuso sexual.
El proyecto plantea que si una “falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años”. Además, podrían ir a la cárcel los testigos y peritos que participaran del caso.
Sara Barni, fundadora de Red Viva, aseguró que “el proyecto claramente está pensado para desalentar el avance de las mujeres, disidencias y niñeces como sujetos políticos”. En ese sentido, afirmó que busca “llenarlas de miedo para que sigan calladas”.
La activista, quien trabaja desde hace años acompañando a denunciantes expresó que “las victimas hoy no son creídas, salvo raras excepciones”. Para la Barni, este proyecto “usan el poder que pone el estado para proteger a las víctimas, en contra de las mismas”.
Los dichos del gobierno
En diálogo con El Observador, Losada enfatizó que su propuesta no busca desalentar denuncias genuinas, sino evitar que recursos del Estado sean utilizados para investigar casos basados en mentiras. “La mentira no tiene género”, afirmó la legisladora.
Días atrás, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”, afirmó y agregó que “gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles”.
Descreyendo de las víctimas, el ministro aseguró: “este abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social”.
En oposición, para Barni, “la derecha planifica siempre arrasar con los derechos que conseguimos mujeres, niños, niñas, adolescentes y disidencias”. Y agregó: “se atacan con cualquier dereche que intente sostener una equidad y cuando son gobierno, ponen en marcha todos sus recursos para arrasar con lo que más puedan. También aprovechan la falta de políticas claras y el hastió de las personas con respecto a su representatividad”.
El proyecto de Ley
El proyecto propone modificaciones en el Código Penal, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad. Según indica la redacción, si una “falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años”.
Del mismo modo, sería reprimido con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Si bien el texto fue presentado en 2023 y perdería estado parlamentario antes del inicio del período ordinario 2025, Losada volvería a insistir con la iniciativa el próximo año.
En cuanto a las leyes, Sara explicó que “el proyecto habla de subir las penas por falsas denuncias de maltrato infantil, eso viola el principio de congruencia”. La activista aseguró: “si partimos de la realidad que el maltrato en la infancia ni siquiera está tipificado como delito, es apenas una falta y como mucho si es agravado, llega a ser una contravención”.
La violencia en cifras
Según un informe de Chequeado, las denuncias falsas no son un problema. “No hay evidencia estadística ni académica de que las denuncias falsas representen un porcentaje significativo de los casos que tramitan en la Justicia argentina”, aseguran.
Según UNICEF, a lo largo del mundo una de cada ocho de niñas y mujeres (más de 370 millones), han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. En Argentina, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, se registraron 14.424 niños, niñas y adolescente víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022.
Del mismo modo, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 fueron atendidas, bajo un programa del Ministerio de Justicia, 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual.