El gobierno de Javier Milei mantiene el asedio contra Aerolíneas Argentinas y ahora también, apunta a Intercargo tras las medidas de fuerza del sector.
Durante esta tarde, funcionarios libertarios se reunirán con representantes de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), desde las 15.
De este modo, el gobierno presiona para recibir una propuesta en la cual Aerolíneas Argentinas opere con normalidad y sin conflictos, con la amenaza de aplicar un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo.
Dicho plan de crisis, prevé que por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, se podrá reducir horarios, suspender o despedir empleados con una indemnización reducida.
Asimismo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, confirmó que buscarán “la privatización y si no se da, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará”.
Y agregó: “Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.
Esta reunión con los gremios aeronáuticos se dará tras la explosión del conflicto del gobierno con los trabajadores de Intercargo, empresa que ofrece el servicio de rampa, quienes realizaron una medida de fuerza por un despido injustificado.
Además de Aerolíneas, el gobierno va por Intercargo
El gran conflicto de esta semana estuvo marcado por el enfrentamiento entre el gobierno e Intercargo, empresa que se encarga del servicio de rampa.
Sucede que el miércoles al mediodía, la Asociación del Personal Aeronáutico que nuclea a los trabajadores de Intercargo, realizó una asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery, donde denunciaban un despido arbitrario.
En consecuencia, la medida de fuerza derivó en demoras y cancelaciones de vuelos que si bien no afectaron a Aerolíneas Argentinas, si lo hizo con otras empresas tales como Flybondi, JetSmart, Gol, Sky y Latam.
A efectos del reclamo, el gobierno respondió con 15 nuevos despidos del personal de Intercargo, por participar de la medida de fuerza. Así lo confirmó ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de X.
“Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo”, indicó. Y cerró: “En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”.
Al mismo tiempo, no satisfechos con los despidos, el Ministerio de Seguridad hizo una denuncia contra loa trabajadores que habían adoptado la medida de fuerza por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, extorsión entorpecimiento del transporte aéreo».
De este modo, el gobierno continúa con su objetivo de amedrentamiento y criminalización de la protesta.
Las fuerzas de seguridad podrán brindar servicio aeroportuarios y de rampa
Con los reclamos por despidos injustificados por parte del personal de Intercargo, y su consecuente medida de fuerza, el gobierno actuó rápido y permitió la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para la realización de las tareas pertinentes.
Así se confirmó esta mañana a partir de un comunicado de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, como parte del plan desregulador del gobierno de Javier Milei.
De este modo, pasan por alto no solo los reclamos del sector, sino de la labor de las personas capacitadas para el trabajo.
En consecuencia, y mediante la Resolución 49/2024, se otorga “autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general para que las fuerzas de seguridad o cualquier persona física o jurídica que reúna ciertos requisitos legales, técnicos y económicos pueda brindar el servicio”.
Aseguran que de esta manera las fuerzas públicas podrán actuar de forma inmediata en situaciones de “paros encubiertos o medidas de fuerza extorsivas que perjudiquen a los pasajeros y afecten el normal funcionamiento aeroportuario”.
Y añaden que con esta desregulación, “las personas no podrán ser tomadas nuevamente de “rehenes” a causa de medidas gremiales ajenas a sus intereses”.
En tanto, aseguran que “todo operador privado que quiera brindar estos servicios y cumpla ciertos requisitos tendrá la libertad de hacerlo e Intercargo deberá competir como cualquier empresa”.
En resumen, con esta acción el gobierno da un paso más para anular y demonizar todo tipo de reclamo constitucional por parte de los trabajadores.