Carlos Torrendell, el secretario de Educación del gobierno de Javier Milei, denunció que muchas universidades reportan más estudiantes de los que realmente tienen con el fin de aumentar la cantidad de cargos docentes. “Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no. Esto representa el 38% del total de alumnos, y los fondos se asignan en función de ese número”, aseguró el funcionario. En su intervención, también afirmó que esta práctica de «multiplicar cargos docentes» existe desde hace décadas y que, actualmente, se ve acentuada en facultades con disminución de estudiantes.
La relación entre el Ejecutivo y las universidades es cada vez más tensa, en medio de un contexto de demandas salariales y denuncias por desfinanciamiento. Según cifras difundidas por la Universidad de Buenos Aires, más del 60% de sus trabajadores se encuentran bajo la línea de pobreza. Pese a que el Gobierno reconoce un «retraso» salarial, Torrendell sostuvo que se ha hecho una oferta «superadora» del 5,8% adicional al 1% ya establecido para octubre, aunque esta fue rechazada por los gremios.
“Se trata de una posición más política que salarial”, afirmó Torrendell en referencia a la negativa de los gremios a aceptar la propuesta. Los sindicatos, por su parte, calificaron la oferta como «insuficiente», y argumentan que, desde la llegada de Javier Milei al poder, el sector ha perdido un 55% de su poder adquisitivo.
Una marcha “política” y sin justificación, según el Gobierno
Con la marcha convocada para el próximo miércoles, el secretario de Educación minimizó las denuncias de desfinanciamiento realizadas por las universidades, señalando que “no hay ningún escenario dramático” y que los problemas presupuestarios corresponden a la administración interna de cada casa de estudios. “En cuanto a los gastos de funcionamiento, no hemos recibido pedidos adicionales desde octubre de 2022”, puntualizó Torrendell.
El funcionario también aprovechó para subrayar la importancia de «repartir bien los recursos educativos», sugiriendo que la distribución de fondos entre las universidades debe ser revisada.
Torrendell insistió en sus críticas hacia los gremios y calificó la protesta como una «marcha política». Además, defendió las acciones del Gobierno en materia educativa, asegurando que están trabajando en lo que denominó «la revolución de honestidad», cuyo objetivo es «combatir la corrupción y administrar mejor los recursos». Según Torrendell, las universidades públicas enfrentan un «déficit grave de equidad», ya que los estudiantes que logran graduarse suelen ser aquellos con mayores recursos económicos.