Desde que asumió su gobierno, el presidente Javier Milei ha tomado medidas como cerrar el Ministerio de las Mujeres, recortar en políticas de género y, en lo discursivo, apuntar contra las feministas.
Amnistía Internacional es una organización que lucha por los derechos humanos y de las mujeres en varias partes del mundo, entre ellas Argentina. Nota al Pie dialogó con Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización sobre la actualidad de nuestro país.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se realizaron recortes en políticas de erradicación de la violencia como la Línea 144. ¿Cómo crees que afectan esas medidas a las mujeres?
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei se adoptaron medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades. En junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género, entidad a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sin dar información sobre la evaluación realizada en cuanto al impacto social que tendrá la falta del organismo.
Es la primera vez en treinta y siete años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. En este contexto, no contamos con información precisa por parte del gobierno sobre la continuidad de ciertas políticas públicas que han sido cruciales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Solo por dar un ejemplo, la línea telefónica 144 que históricamente ha brindado atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género, quedó reducida a 2 trabajadoras, lo que hace imposible el efectivo funcionamiento de la línea.
En una situación similar se encuentran programas como Acompañar, Acercar Derechos y Producir, que tenían como objetivo garantizar el acceso a la Justicia y promover la autonomía económica a las víctimas de violencia de género.
Hoy, estamos en presencia de un Estado ausente, que no cuenta con políticas públicas para dar respuestas urgentes a las mujeres y diversidades que sufren violencia. Hoy las víctimas de violencia de género se encuentran en una situación de total desamparo como consecuencia de que no existe un organismo público que gestione programas destinados a asistirlas.
¿Consideras que ciertos derechos están en peligro con el actual gobierno?
Tras cumplirse 100 días del gobierno de Milei, desde Amnistía Internacional destacamos que el gobierno utiliza una receta infalible compuesta por confrontación y desinformación para romper límites que generaron retrocesos en materia de derechos humanos. Analizamos tres ejes principales: violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social.
En este contexto de crisis económica, reducción del gasto público, falta de actualizaciones adecuadas de las prestaciones sociales y desfinanciamiento de políticas públicas cruciales para garantizar los derechos de la población, tales como el acceso a la salud, la situación de precariedad de las personas adultas mayores se agrava aún más.
Por otro lado, la pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social. Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura.
¿Crees que hay una postura de culpar al feminismo de todos los males del país?
En varias partes del mundo, los líderes políticos de diversos países desde Estados Unidos a India, de Brasil a Hungría, de Turquía a Filipinas, promovieron y promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias, entre otras, en culpabilizar a grupos enteros por problemas económicos, sociales o de seguridad, tales como migrantes, mujeres, personas LGBTIQ+, etc.
Argentina no es la excepción. El presidente de la Nación y funcionarios del gobierno han propagado narrativas que buscan crear un enemigo a quien confrontar, deslegitimar y destruir; acusarlo por ser responsable de todos los males y, con eso, justificar todo tipo de medidas e intervenciones. Así, por ejemplo, las conquistas de las mujeres para poner fin a los abusos y violencia pasaron a ser una amenaza para los varones.
Estos discursos que niegan la violencia de género son difundidos en un contexto de falta de claridad sobre las políticas públicas y los recortes presupuestarios a programas necesarios para abordar esta problemática. Cabe recordar que, recientemente, el gobierno anunció el cierre del organismo encargado de atender, prevenir y sancionar la violencia de género con la justificación de que la “violencia no tiene género” y dejo desamparadas a las víctimas.
Desde Amnistía Internacional enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión en Argentina. ¿Cómo ves esa situación en la actualidad y cómo se relaciona esto con los discursos de odio?
Estamos siendo testigos de cómo la confrontación, el odio, el temor y las noticias falsas funcionan como moneda corriente, y atentan contra reglas básicas de toda convivencia democrática.
La red socio-digital “X” se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, son algunos de los calificativos e insultos elegidos.
Desde Amnistía hemos relevado ataques a más de 30 periodistas, y en especial hemos advertido cómo este tipo de ataques tiene un impacto desproporcionado en las mujeres. Esto repercute directamente no solo en la reducción del debate público, ya que hay voces que se silencian y censuran, sino también en la salud de las personas afectadas.
Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho, que debería ser protegida y garantizada por el Estado. Sin embargo, cuando quien está a la cabeza de las agresiones no es sino el presidente está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información.
Además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen y amplifican las agresiones y la hostilidad. La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional.