lunes 15 de abril de 2024

Tucumán margina a quienes abortan: el filtro para ingresar a trabajar en el Estado

La ONG Mujeres x Mujeres denunció interrogantes acerca de si se realizan prácticas de ILE/IVE al momento de completar un formulario para ingresar a trabajar al Estado provincial. Nota al Pie te detalla la denuncia y la situación de la provincia.
Tucumán
Una organización tucumana denunció que, para acceder a empleos estatales, las personas con capacidad de gestar eran consultadas por prácticas abortivas. Crédito: Pedro Ramos, Nota al Pie.

Días atrás la fundación Mujeres x Mujeres denunció que, durante entrevistas laborales para empleos estatales, las mujeres eran indagadas acerca de si alguna vez había interrumpido un embarazo. La denuncia, y posterior investigación, ocurrieron en la provincia de Tucumán, donde la misma organización estima que cada dos horas una persona se realiza un aborto.

“Hemos tomado conocimiento de que en estos exámenes se solicita que quienes aplican para un trabajo estatal consignen cuántos abortos se han realizado”, expresaron a través de un comunicado brindado por la Fundación Mujeres x mujeres. Para la organización, estas preguntas “resultan discriminatorias para mujeres y personas gestantes”.


La pregunta por el aborto

Para ingresar a trabajar en cualquier puesto del Estado, como en el ámbito privado, les futures trabajadores deben realizarse exámenes pre-ocupacionales y completar un formulario con la validez de una declaración jurada. En este último, dentro de un apartado titulado “antecedentes ginecológicos y obstétricos”, el formulario pregunta por prácticas abortivas.

La ONG denunció esa situación ante la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia provincial. Además, reclamó que se excluya las preguntas sobre abortos porque “son discriminatorias para mujeres y personas gestantes”. A partir del pedido, la Secretaría, a cargo de Mario Racedo, abrió una investigación para determinar las razones por las cuales se incluye esa indagación.

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La fundación Mujeres x mujeres es una organización feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades. Soledad Deza es su presidenta y fundadora. Créditos Fundación mujeres x mujeres

Desde Mujeres x mujeres, además, expresaron que “obligar a alguien a declarar sobre si se ha practicado un aborto, además de una violación grave a la intimidad, puede significar una autoincriminación con reproche penal”. Según la agrupación, algunos artículos de la Constitución Nacional aseguran que ninguna persona está obligada a declarar en su contra o a proporcionar información incriminatoria.

Para la agrupación, el cuestionamiento sobre el aborto contiene otras preguntas: “¿Apuesto por conseguir un trabajo, pero corro el riesgo de ir presa? ¿Me arriesgo a la censura social de mis pares brindando información que produce estigma en muchos núcleos sociales porque necesito el trabajo? ¿En lugares donde los legajos no tienen los resguardos de confidencialidad suficientes, arriesgo mi integridad al brindar información que quizás ni mi familia conoce?”.

Antiderechos y nacidos vivos de ILE

Esta no es la primera vez, ni será la última, que la provincia de Tucumán es acusada de incumplir la ley de interrupción legal del embarazo. En varias oportunidades, bajo el lema “niñas no madres”, se ha denunciado la forma en que, desde el Estado, apoyado en grupos católicos, se ha obligado a restar a niñas que querían interrumpir un embarazo.

En relación a ello, en julio de 2023 diferentes organizaciones feministas provinciales denunciaron la existencia de “nacidos vivos de ILE”. Se trata de niñes que habian nacido luego de que la persona gestante solicitara un aborto y que habrían sido ingresados en el sistema de adopción local.

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En reiteradas oportunidades se ha denunciado que, en Tucumán, diferentes grupos de antiderechos buscan obstruir el cumplimiento de la Ley 27.610. Créditos Pedro Ramos

Tras la denuncia y los pedidos de informes, meses después la propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILE”. En todos los casos, las madres eran menores que habían sido abusadas.

En ese entonces, la presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, la abogada Soledad Deza, brindó una entrevista en la que aseguró que “en algunos lugares, se evita registrar casos de niñas abusadas, por lo cual el área de Salud Sexual y Reproductiva no puede intervenir para que accedan a una ILE”. En la misma línea, agregó: “En otros casos, las áreas de salud no diagnostican el embarazo, la mandan de nuevo a su pueblo y le dicen que vuelva dentro de dos meses; cuando regresa la nena ya está con un embarazo muy avanzado”.

El aborto en Tucumán

Entre enero y septiembre de 2023, se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación. La cifra asciende a 245 mil si se suman los procedimientos registrados en los años que la ley estuvo vigente: 2021 y 2022.

Dentro de ese total, la distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Tucumán ocupa el cuarto lugar de la tabla de mayor cantidad de abortos por habitantes, la cual esta encabezada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 34 cada mil mujeres, seguida por Salta, donde fue de 30,4. 

Del mismo modo, según cifras locales, la provincia ocupa el segundo lugar en cantidad de abortos legales garantizados a la población durante el año 2022. 3.613 interrupciones de embarazo informadas hasta septiembre, publicó la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación.

La cifra aumenta según datos de la fundación Mujeres por Mujeres, quienes aseguran que se garantizaron cerca de 5000 abortos en 2022 en Servicios de Salud Pública de toda la provincia. “Ese número implica que cada dos horas una niña, una adolescente o una mujer pudo ejercitar su derecho a decidir en Tucumán”, expresaron. 

En cuanto a las objeciones e incumplimientos, durante 2023 el Ministerio de Salud nacional intervino en 55 oportunidades frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a interrupciones voluntarias y legales de embarazos”. A su vez, se presentaron 37 demandas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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