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El 1 de febrero el Protocolo Anti-piquetes de Patricia Bullrich salió a la calle para desplegar un feroz operativo represivo sobre quienes se manifestaban en la puerta del Congreso de la Nación, en contra de la Ley Ómnibus. Como resultado hubo manifestantes detenides y al menos 285 personas heridas por las fuerzas de seguridad.
Ramiro González, el fiscal encargado de investigar la causa, pidió medidas con el fin de establecer la responsabilidad particular del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal (PFA), quienes habrían efectuado los primeros disparos.
Entre les herides estuvo el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), quien resultó con una herida de gravedad en su ojo izquierdo, y Guillermo Ermili, secretario parlamentario del bloque PTS-FIT de Diputados, quien fue herido por la espalda.
González instó a la PFA a que entregara la orden que puso en marcha el despliegue de efectivos, con el fin de saber quién la dio y en qué términos.
Además, pidió una lista con los nombres de todos los efectivos que participaron, las modulaciones radiales entre las 20 y las 23 horas y, si existiese, cualquier sumario dispuesto por Asuntos Internos ante la violencia utilizada durante el operativo.
Encontrar a los culpables
La denuncia que dio lugar al inicio de la investigación fue presentada por Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación.
Hazan presentó el testimonio de Ermili, quien contó lo mismo que otros testigos: las motos aparecieron cerca de las 21 horas, andando en círculos, mientras la calle estaba liberada, y dispararon hacia la Plaza, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.
Créditos: CBA Hoy.
Las motos habrían sido 15 y todos llevaban casco por lo que fue imposible reconocerlos, pero el defensor presentó filmaciones y registros, además del informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como material de prueba.
La policía, además, roció a los manifestantes de un gas más nocivo que los normalmente utilizados.
El fiscal a cargo pidió que el Congreso y el Centro de Monitoreo Urbano entreguen las imágenes de las cámaras de vigilancia que hayan tomado registro de lo ocurrido en las calles Entre Ríos, Solís, Rivadavia e Yrigoyen.
También pidió informes al hospital Santa Lucía, al Bazterrica y al Instituto de la Visión. Y se dirigió puntalmente al jefe de la fuerza, Luis Rollé, para que le envíe “la orden del servicio operativo dispuesto para cubrir la manifestación convocada en el contexto del debate del proyecto de ley denominado Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos en los alrededores del Congreso (una medida clave para saber quién y qué orden les dio a los policías)”.
La defensa de Bullrich
La legisladora porteña Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentó un habeas corpus en la causa a cargo del juez Sebastián Casanello, para que se analice la constitucionalidad del protocolo de Bullrich.
La ministra de Seguridad organizó su defensa con una serie de presentaciones: apeló la aceptación de los amicus curiae (organismos de derechos humanos que se presentaron para participar con sus opiniones), pidió la nulidad de la declaración de competencia del juez, lo recusó y reclamó que se suspenda el proceso hasta que la Cámara Federal defina la competencia.
Luego, planteó mediante un escrito la nulidad de todo lo actuado y solicitó suspender la nueva audiencia. La primera había sido la semana pasada.
El juez, por su parte, hizo lugar a las apelaciones, abriendo un incidente por la recusación pero negándose a suspender la nueva audiencia que se llevaría a cabo la mañana de ayer.
Por otro lado, dictó una medida cautelar exhortando al Ministerio de Seguridad a poner límites a la actuación de las fuerzas ante la protesta, de acuerdo a lo que dice el derecho local y los tratados internacionales. La Cámara la dejó sin efecto.
La legisladora dio una conferencia de prensa frente a las puertas de Comodoro Py, antes de ingresar, pero minutos antes el camarista Eduardo Farah decidió que el expediente vuelva al Juzgado Criminal y Correccional N°28, tal como reclamaban desde Seguridad.
“No aceptar la atribución de competencia realizada por el titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional 28 de esta ciudad, invitando a su titular a que, de no compartir con este criterio, trabe competencia y la remita a conocimiento del superior tribunal”, dice la resolución que devuelve el caso a la justicia nacional y advierte que, en caso de no querer hacerse cargo de la causa, será la Corte Suprema quien tome la decisión.
Fierro volvió a la calle a comunicar lo sucedido y dijo “es un escándalo judicial que demuestra que el gobierno está muy preocupado de que la justicia avance en el cuestionamiento del protocolo”.
“Lo que estamos viendo es la prueba de que este protocolo es anticonstitucional y no quieren que avancemos sobre los puntos cuestionados en términos de violación hacia un derecho como es la protesta social”, concluyó Fierro.