La pretensión del gobierno nacional de cambiar uno de los principios fundamentales de la educación pública en Argentina, la gratuidad de las universidades, generó un fuerte rechazo en la comunidad educativa.
La propuesta, incluida en el megaproyecto de reforma del Estado conocido como “Ley Ómnibus”, plantea la posibilidad de cobrar aranceles en las universidades públicas. Ya presentada en el Congreso, la misma busca implementar una reforma estatal y entre todos los sectores afectados las universidades y terciarios no quedaron afuera del ajuste.
Un avasallamiento a la educación
En el apartado “III-Universidades Privadas”, específicamente en el artículo 553, se modifica el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior Nº24.521. Según la intervención del gobierno, permiten a las universidades arancelar los estudios a les estudiantes extranjeres no residentes y que no cumplan con ciertos requisitos.
“Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para los estudiantes extranjeros no residentes”, expresa el proyecto. Aunque aclara que podrán ser beneficiaries de becas.
A diferencia de la ley vigente, que prohíbe a las universidades estatales suscribir acuerdos o convenios “que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”, el megaproyecto de Javier Milei en su letra chica le da un guiño a las universidades privadas.
Es así que, en la Ley Ómnibus, se expresa que las universidades estatales pueden suscribir acuerdos “tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”.
¿Qué otros cambios proponen?
En el documento de 351 páginas, en el que la palabra “universidades” aparece 7 veces, se proponen otros cambios además del arancel. Por un lado, se plantea que el ingreso a las universidades públicas será complementado por un proceso de nivelación y orientación profesional. Sin embargo, se aclara que este proceso no debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminatorio.
Además, se debe ofrecer, de manera alternativa, un examen de ingreso directo para que les estudiantes puedan optar por alguna de las opciones al comenzar sus estudios superiores.
Por otro lado, respecto al financiamiento de las universidades estatales, el Ejecutivo propone que los fondos se distribuyan “en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, el número de egresados y otros criterios que se definan”.
Cabe mencionar que, si bien todas estas modificaciones de la educación superior se encuentran expresadas en el apartado “universidades privadas”, muchas de ellas también están dirigidas a las instituciones de gestión estatal.
El reclamo en defensa de universidades públicas y gratuitas
La Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) expresaron su rechazo a la educación arancelada y pidieron al Gobierno y a la Secretaría de Educación la actualización de fondos para la educación.
Esto debido a que el presupuesto 2023 fue prorrogado para el año próximo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2023. Con este ingreso, las federaciones universitarias afirman que sería imposible continuar con la educación pública y gratuita.
Este año se cumplieron 74 años de la universidad gratuita en Argentina. En 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337, que eliminó el arancel en las universidades públicas. Este hecho democratizó el acceso a la educación superior, permitiendo que estudiantes de todas las clases sociales pudieran ingresar a la universidad.
En la actualidad, el sistema universitario argentino alberga a más de dos millones de estudiantes. Según la Federación Universitaria Argentina, en algunas universidades del país, la matrícula representa hasta el 70% de estudiantes de primera generación de su familia en ingresar a la universidad pública.