Créditos: La Tercera.
El martes, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú emitió una decisión que otorga la libertad inmediata a Alberto Fujimori, basándose en su avanzada edad y estado de salud precario. Fujimori, ex presidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, ve cómo esta determinación judicial genera amplias repercusiones en la sociedad andina. Nota al Pie analiza las reacciones y el impacto de esta polémica resolución.
Liberado y con respaldo
El ex mandatario se retiró en la tarde de este martes del penal de Barbadillo en una silla de ruedas y con la cara cubierta por una mascarilla por motivo de una cánula en la nariz y la conexión a un balón de oxígeno. En la puerta lo esperaban sus hijos y otros miembros familiares y abandonaron rápidamente el sitio rumbo a su residencia familiar en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima. Kenji, uno de sus dos hijos, declaró que su padre estaba “injustamente privado de su libertad” y transmitió “una profunda gratitud” hacia el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien “tuvo la sensibilidad y empatía” para otorgarle un indulto humanitario.
En tanto, su hija Keiko valoró la oportunidad de que afronte este momento de su vida en su casa y afirmó que las autoridades que facilitaron la liberación de su padre enfrentaron “todo tipo de presiones, de insultos, y finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso”. A su vez, cientos de simpatizantes se apostaron en los alrededores de la cárcel manifestando su apoyo y una caravana de vehículos también acompañó al ex presidente.
Créditos: Ojo Público.
Críticas internacionales
En respuesta a la decisión del TC, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) procedió con la ejecución de la libertad. Sin embargo, este hecho generó una ola de críticas al desestimar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2022, la cual exhortaba a Lima a mantener a Fujimori en prisión. De esta manera, las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que constituyen los principales motivos de su condena por delitos de lesa humanidad, podrían ver comprometido su derecho de acceso a la justicia.
Los cuidadanos peruanos disconformes con el fallo del TC convocaron en redes sociales a manifestarse en el centro de Lima mientras un puñado de seguidores de Fujimori celebraban la sentencia en las inmediaciones del penal de Barbadillo. Al sitio también se acercaron varios congresistas del partido que lidera Keiko, Fuerza Popular. El abogado del ex presidente, Elio Riera, opinó que la Corte IDH no puede decidir a quién se libera porque en Perú “sigue el principio de soberanía estatal”.
No solo la Corte había instado al Estado peruano a abstenerse de ejecutar la orden del TC hasta que el organismo analice la decisión, sino también la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Oficina de Derechos Humanos del espacio multilateral calificó este miércoles a la decisión como un “revés preocupante para la rendición de cuentas”. “Cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional”, afirmó el responsable Volker Türk.
Reacción de la dirigencia peruana
La parlamentaria Patricia Chirinos, perteneciente al partido Avanza País, criticó a la CIDH y sostuvo que «pretende pasar por encima de las instituciones de nuestro país e imponer el capricho de sus aliados ideológicos». En respuesta, la congresista Ruth Luque, afiliada a Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra los magistrados del TC «por infracción a la Constitución»
El magistrado del TC, Manuel Monteagudo, aclaró que el resto de los miembros no fueron consultados y denunció que no se cumplió con el debido proceso, ya que una decisión de tal envergadura debería haber surgido de un pleno. En declaraciones al programa «Nunca es Tarde» de la emisora RPP, Monteagudo reveló la existencia de un «segundo auto» desconocido por los demás magistrados que previamente habían rechazado la propuesta. «Lo que se debió hacer era enfrentar la posibilidad de un indulto al ex presidente Fujimori de acuerdo con la ley y los estándares internacionales, en lugar de ignorar ese examen que se ha realizado en el pasado», agregó.
Créditos: The New York Times.
El fujimorismo continúa
Las razones que se presentaron para definir su prisión domiciliaria ponen de manifiesto el delicado estado de salud del ex presidente. A pesar de ellos, su legado tiene continuidad política. Por un lado, en la memoria de los peruanos hay algunos sectores que aún añoran los gobiernos de Alberto Fujimori, y de hecho se expresaron a favor de la nueva decisión. Por otro lado, con la candidatura de su hija, Keiko Fujimori, en las elecciones presidenciales de 2021 en las que finalmente se impuso el mandatario depuesto Pedro Castillo, el fujimorismo volvió a recuperar centralidad política en la escena nacional peruana.
Aunque nunca había perdido grados de representatividad, el sello político impulsado por Keiko fortaleció la legitimidad política del apellido Fujimori y demostró capacidad de disputa. Desde el final de la gestión de su padre, el espacio de la centro-derecha, el conservadurismo y el liberalismo quedó vacante, siendo ocupado por diversas figuras que no lograron proyectar ni consolidar su poder. Además, la mayoría de ellos fueron críticos del ciclo que encabezó Fujimori o directamente evitaron valorar su gobierno, previendo que era un factor de debilidad.
En un contexto nacional, continental e internacional en el que las derechas alternativas cobran fuerza y ganan representatividad entre sectores trabajadores e inmigrantes en particular, el fujimorismo tiene la oportunidad de imponerse como una fuerza política con ambiciones electorales y de proyección. La libertad de Alberto Fujimori deja a la vista cómo recrudece su legado en un Perú convulsionado por una crisis política profunda y estructural. «Es mi presidente de hoy, mañana y siempre (…) se merece ser libre», expresó una de las manifestantes que celebró la decisión del TC.