Con el apoyo de numerosas agrupaciones solidarias, las familias que viven en el inmueble de Santa Cruz 140 lograron suspender el desalojo judicial fijado para este martes. Las autoridades tenían previsto un gran operativo a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para desocupar el edificio.
Más de un centenar de familias que habitan la llamada Casa Santa Cruz desde hace veinte años realizaron un festival y vigilia desde la noche del lunes. La medida buscó conseguir un acuerdo y postergar el desalojo. A partir de ahora, tendrán seis meses para buscar una solución habitacional en conjunto con funcionarios del Gobierno Porteño.
Bajo la consigna «Vivienda sí, desalojo no», 107 moradores que viven en el edificio festejaron la suspensión y la apertura de la mesa de trabajo lograda el martes por la tarde. Como parte del acuerdo, el Gobierno de la ciudad, realizará un pago al propietario y empresario hotelero Leonardo Ratuschny.
Esta compensación se trata de un “canon locativo” a cargo de las autoridades metropolitanas. De esta manera, se intenta evitar la presión del demandante y que el propietario tolere el lapso de tiempo acordado hasta que las familias encuentren viviendas alternativas.
La lucha de Santa Cruz para evitar el desalojo
«Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando», indicó para Télam el defensor de las familias Jorge Abasto. El asesor legal fue uno de los dirigentes que acompañaron a la comunidad durante el despliegue policial a cargo de 200 efectivos que vallaron y rodearon la zona.
“Se va a firmar un acuerdo que implica, en principio, la suspensión del lanzamiento. El juez retira el oficio de mandamiento, eso nos da la seguridad de que no se va a hacer el desalojo próximamente y se va a construir una mesa de trabajo con Ciudad (y con Nación también) para producir una solución definitiva al conflicto», explicó Abasto para la misma agencia de noticias.
Por otro lado, se hicieron presentes para expresar su apoyo, legisladores, referentes políticos y sociales, funcionarios del Instituto de la Vivienda de la ciudad y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.
En adhesión a la convocatoria, las ventanas de la Casa Santa Cruz exhibieron banderas de distintas organizaciones sociales que expresaron su solidaridad: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), El Movimiento Territorial Liberación (MTL), Proyecto 7, La Cámpora y el Polo Obrero, entre otros.
Marisa Graham expresó durante la jornada que: «Los niños viven acá, van a las escuelas de cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos niños? Yo, como defensora de los derechos de NNyA, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas. Vamos a tratar de impedir que se haga el desalojo en estas condiciones».
Trece años de negociaciones
La edificación de Parque Patricios es un inmueble de seis pisos dónde funcionaba la fábrica textil SELSA, que fue a la quiebra durante los años ’90. A partir del 2004, el establecimiento ya abandonado, fue ocupado por varias familias que lo pusieron en condiciones. En la actualidad, la Casa Santa Cruz cuenta con servicios eléctricos y sanitarios.
En el año 2010, cuando la propiedad fue subastada, la comunidad intentó presentarse para adquirirla, pero no pudo hacerlo. El empresario hotelero Leonardo Ratuschny fue quien finalmente, logró comprar el edificio y más tarde inició el juicio por desalojo que se encuentra en instancia de ejecución.
El pasado jueves, la comunidad del edificio fue notificada de la orden de desalojo dispuesta por el Juez Fernando Cesari. La decisión del magistrado se tomó en el marco de una causa que tiene más de 13 años en el Juzgado Nacional en lo Civil número 60.