La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos presentó el informe final acerca de la represión que la policía de Jujuy llevó adelante en las manifestaciones que se realizaron en junio, en contra de la reforma constitucional de Gerardo Morales.
El equipo que llevó a cabo el estudio estuvo integrado por un conjunto de organismos de derechos humanos como CORREPI, LIBERPUEBLO, CADH, XUMEK. Además participaron organizaciones sociales y populares como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Patria Grande, el Partido Piquetero, Intercuencas, y otras organizaciones gremiales como SIPREBA, ATE, CTA-AUTÓNOMA.
En el relevamiento se indicó que la vulneración sistemática y generalizada de los derechos de la población movilizada en Jujuy califica como “delitos de lesa humanidad”. Además se observó que el Estado de derecho en la provincia, así como el orden democrático, se vieron “gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”.
Contexto en Jujuy
La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Purmamarca, Maimará, Perico y San Salvador de Jujuy desde el 16 al 26 de junio. Durante ese tiempo, recolectaron testimonios de víctimas directas, familiares y testigues con el objetivo de “escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta, y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del Gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
A fines de 2014, en respuesta a las protestas en contra de quien en ese momento era gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, se sancionó la Ley 5806, conocida popularmente como “Código Contravencional”. La misma comenzó a regir a partir del Gobierno de Gerardo Morales, en enero de 2016.
Dicha reglamentación reconoce como contravenciones a las distintas formas de ejercer el derecho a la protesta social. A su vez, es utilizada para labrar actas contra quienes se organizan, protestan o movilizan de alguna forma. Fue entonces cuando la violencia estatal se incrementó.
El relevamiento enumera:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
Los integrantes de la Misión afirmaron que lo sucedido en la provincia norteña también está siendo visto en países como Perú, Colombia y Ecuador.
Lo que la reforma nos dejó
A comienzos del mes de junio de este año, la provincia fue noticia en todos los medios de comunicación por las imágenes que llegaban desde allí. Una brutal represión se desató en las calles cuando la población civil, junto a organizaciones sociales y gremiales, coparon las calles manifestándose en la Legislatura jujeña. Esto se debió a que allí se votaba una reforma constitucional que no fue consultada con el pueblo.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño”.
En ese sentido, expresaron que “gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Desde la organización afirman que la lógica utilizada en los episodios es “bélica e impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”.
En esa línea, reafirman: “Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto”. “Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares”, agregan.
Por su parte, integrantes de la Misión aseguraron que, durante el tiempo que estuvieron instalados en Jujuy, sufrieron constantes persecuciones de vehículos sin patente identificatoria. También mencionaron que muchas personas “no querían hablar porque tenían miedo”.
“Los hospitales tenían prohibido atender a la población civil. Hoy pedimos que escuchen a los maloneros que están sufriendo el día a día enfrente del Palacio de Justicia”, agregaron.
Los organismos le exigieron nuevamente al Gobierno nacional que intervenga la provincia gobernada por Morales. “Los que escribimos este documento asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en Jujuy haya democracia”, concluyeron. Cabe mencionar que el Tercer Malón de la Paz llegó a Buenos Aires el 1 de agosto y aún continúan esperando una respuesta. El informe completo de la Misión se encuentra disponible en el siguiente link.