Este martes comenzó el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en la ciudad rionegrina de Bariloche, por efectivos del Grupo Albatros de Prefectura bajo las órdenes de la entonces ministra de Seguridad de la Nación y ahora candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Por la mañana, el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en Río Negro, dio inicio a la primera audiencia.
En el recinto estuvieron presentes el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, y su madre, Graciela Salvo. Mientras tanto, los cinco imputados, Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, participaron de la audiencia de manera virtual a partir de la plataforma Zoom.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Bariloche, querellante y representante de les familiares de Rafael Nahuel, junto a amigues, vecines y organismos de derechos humanos se movilizaron desde las 8 al Tribunal de Fiske Menuco en General Roca. A partir de una conferencia de prensa, la APDH planteó el homicidio agravado doblemente por el uso de armas y por tratarse de las fuerzas de seguridad.
Quién era Rafael Nahuel
Rafael Nahuel, o “Rafita”, de 22 años, pertenecía a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que dos meses antes de su asesinato comenzó con la recuperación territorial de tierras ancestrales que reclamaban como propias cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El 23 de noviembre de 2017 el grupo táctico de efectivos Albatros de Prefectura y efectivos de la Policía Federal ingresaron al predio para realizar un rastrillaje y detener a varies integrantes de la comunidad, entre elles niñes y mujeres, que estuvieron precintades por varias horas.
Dos días después, el 25 de noviembre de 2017, efectivos de Albatros -entre los que se encontraban los imputados- volvieron a ingresar a las tierras para detener a quienes habían huído a las montañas. El grupo de la Prefectura disparó balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado. Esto terminó con Rafael Nahuel muerto y otras cuatro personas heridas.
Justicia por Rafael Nahuel
El Gobierno nacional, conducido en ese momento por Mauricio Macri, intentó instalar que los agentes de Prefectura fueron atacados por un grupo armado. Cuando Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González bajaron a Rafael hasta la base de la montaña fueron inmediatamente detenidos. Además, desde la gestión de la coalición entonces llamada Cambiemos aseguraron que ninguno de los efectivos sería corrido de su puesto.
Recién en enero de 2019 cinco integrantes del grupo Albatros, Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos fueron procesados por el juez federal Leónidas Moldes. Sin embargo, los acusó del delito de “homicidio agravado en legítima defensa”, replicando la versión de Bullrich, a pesar de que no había pruebas de que les mapuches estuvieram armades. Además, procesó a les jóvenes que cargaron el cuerpo de Rafael.
Tiempo después, la Cámara de Roca procesó a Pintos por “homicidio agravado” con prisión preventiva, poniéndolo en el centro de la escena como autor del crimen. Sin embargo, terminó liberado tras la aparición del peritaje de Gendarmería a su favor. En febrero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca determinó la falta de mérito del prefecto para Pintos argumentando que había “dos pericias absolutamente contradictorias entre sí”.
En este marco, si bien los prefectos llegan imputados como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, la Secretaría de Derechos Humanos, constituída en marzo de 2021 como parte querellante de la causa, intentará probar en el juicio que se trató de un homicidio calificado. Según el organismo, no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó “todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida”.
La primera audiencia
Según relata la causa, el día del asesinato la Prefectura cumplía órdenes del entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado había dado la orden de desalojo a partir de una denuncia por “usurpación” realizada el 17 de noviembre por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La instrucción de la causa plantea que luego de dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, los efectivos recibieron pedradas y luego comenzaron a disparar. Nahuel recibió por la espalda un disparo de un proyectil de 9 milímetros que provenía de un subfusil MP5. La bala ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo.
La causa FGR 027423/2017, caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada”, tiene como procesados al cabo primero Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros como “partícipes necesarios” del hecho.
Cuáles son los principales reclamos
Desde la APDH plantearon este mediodía que la causa debería ser considerada como homicidio agravado doblemente, por el uso de armas y por tratarse de miembros de fuerzas de seguridad. “No solo fue asesinado Rafael sino también resultaron heridos dos compañeros más en el lugar”, insistieron desde el organismo de Derechos Humanos. Además, aseguraron que “se constató la existencia de 130 proyectiles”.
En el mismo sentido, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, expresó que “se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad”. Asimismo, cuestionó tanto el tiempo que transcurrió desde el asesinato hasta el desarrollo del juicio, como el lugar donde se está llevando adelante.
“Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato”, denunció Carriqueo.
Por otro lado, el director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, indicó: “La acusación no nos satisface”. En ese marco, sostuvo que “es homicidio calificado” y explicó que “la estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados”.