El Municipio de La Plata, conducido por Julio Garro, fue condenado a través de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso de la capital bonaerense por no brindar información completa, accesible y veraz sobre la implementación de la Ley 27.610, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La información había sido requerida el año pasado por instituciones y organizaciones regionales, nacionales e internacionales que buscaban conocer cómo se garantiza el derecho al aborto y el acceso a la salud sexual y reproductiva en La Plata. Entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, ELA-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional La Plata, Desobedientes Socorristxs La Plata y la Red de Profesionales de la Salud de La Plata, Berisso y Ensenada.
La Municipalidad deberá informar sobre los centros de salud de primer nivel de atención que garantizan el derecho, además de incorporar cuáles fueron las medidas que se adoptaron para garantizar información sobre la derivación adecuada en casos de objeción de conciencia. Toda la información deberá estar integrada en los registros oficiales.
Desde el CELS remarcaron que “las organizaciones celebran este fallo que reafirma el derecho a exigir la rendición de cuentas de todos los niveles del Estado sobre la implementación de esta Ley central para la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres y personas gestantes”.
Qué esconde la municipalidad
En diciembre de 2022 el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo No. 1 condenó al Municipio de La Plata por no brindar información certera y concreta sobre la implementación del IVE y el acceso a la salud, tras el pedido de las instituciones y organizaciones feministas.
Los múltiples organismos realizaron 15 preguntas a la municipalidad, sin embargo 9 de ellas no fueron respondidas y otras 6 se respondieron de modo incompleto. Entre los principales interrogantes que la gestión de la ciudad omitió contestar se encontraban: cuántas prácticas de interrupción voluntaria del embarazo se realizaron en centros de salud municipales desde la entrada en vigencia de la Ley 27.610, cuáles son los centros de salud del primer nivel de atención que garantizan el derecho, y qué medidas se adoptaron para garantizar información sobre la derivación adecuada en casos de objeción de conciencia.
Sin embargo, luego de la primera condena, el Municipio de La Plata apeló. El 1 de agosto, en la segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, se confirmó la sentencia de primera decisión con el voto unánime de la jueza Claudia Milanta y los jueces Gustavo de Santis y Gustavo Spacarotel. Les magistrades destacaron que la información requerida refería a cuestiones de salud local y debía ser otorgada.
“Celebramos este fallo porque reafirma el deber del Estado, también a nivel municipal, de rendir cuentas a la sociedad sobre la implementación del aborto legal”, indicaron desde Amnistía Internacional a partir de su cuenta de Twitter.
Recortes en la UNLP
Por otro lado, desde hace meses organizaciones feministas de la ciudad denuncian que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desde la secretaría de Bienestar Estudiantil, en manos del radicalismo universitario, a partir de la cual se gestiona el presupuesto destinado a la salud de les estudiantes de la casa de estudios, viene generando recortes con relación al acceso al IVE.
A principios de año un grupo interdisciplinario formado con perspectiva de género se encargaba de acompañar, entregaba pastillas y brindaba turnos a partir de una planilla en Internet. Sin embargo, desde mayo, aproximadamente, que el formulario se dio de baja, los medicamentos fueron devueltos al Ministerio de Salud y las estudiantes son derivadas al Hospital Rossi.
Asimismo, había pacientes que tenían garantizada una ecografía postaborto en un centro de salud privado para continuar con los chequeos generales del procedimiento y evitar complicaciones. Sin embargo, la UNLP dejó de financiar el estudio.
Qué pasa en la Provincia
Sin embargo, el caso de La Plata no es un hecho aislado. Recientemente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Zona Sur del Gran Buenos Aires y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, denunciaron, bajo el lema “los pañuelos no se guardan”, el cierre de Consejerías sobre IVE en Lomas de Zamora.
A partir de una reunión, los organismos lograron que el Municipio se comprometiera a brindar capacitación al personal respecto al derecho al aborto seguro. Así también prometieron la apertura de cuatro nuevas Consejerías de Salud Sexual.
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en articulación con el Ministerio de Salud provinciales, pusieron en funcionamiento la Red de Accesos a Abortos. Se trata de centros de salud y establecimientos que tienen como objetivo central falicitarles el acceso al aborto seguro a mujeres y personas gestantes. A principios de este año, la Red ya contaba con 539 establecimientos distribuidos en 132 municipios de la provincia de Buenos Aires, alcanzando una cobertura del 98% en el territorio bonaerense.
Para acceder a la información necesaria, el Ministerio de Salud bonaerense cuenta con una página web en la que brinda la información específica sobre el proceso y la posibilidad de recibir acompañamiento del equipo de Salud. El primer paso es contactar, a partir del mapa de la provincia, con un centro de salud u hospital más cercano para solicitar un test de embarazo. Si el embarazo se confirma, el equipo deberá brindar información sobre los derechos y las opciones para continuar o interrumpir.
El primer paso consiste en buscar en el mapa de establecimientos el centro de salud u hospital más cercano al domicilio y solicitar un test de embarazo en el caso de sospecha. En el caso de contar con una obra social o cobertura prepaga, de igual manera deben garantizar el procedimiento de atención. Les profesionales deberán brindar acompañamiento, información, atención y cuidados durante todo el proceso.