Luego de tres años del crimen de Valentino Blas Correas, sus familiares buscan impulsar una ley para que los miembros de las fuerzas de seguridad reciban penas más severas. El adolescente tenía 17 años cuando falleció tras ser baleado en la ciudad de Córdoba. Por su asesinato, la justicia condenó a 11 policías, dos de ellos a prisión perpetua.
Soledad Laciar, mamá de la víctima, impulsó un proyecto de ley para cambiar el Código Penal y establecer penas más severas en los casos de crímenes perpetuados por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.
En ese sentido, la “Ley Blas” consiste de tres puntos: “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo establecido en la ley 27.304”.
El crimen de Blas Correas y los condenados
Correas fue asesinado el 6 de agosto del 2020 cuando circulaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un auto. Tras evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el vehículo y uno de los proyectiles impactó en su espalda y provocó su muerte.
El 31 de marzo de 2023, la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por el hecho. Los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria, obtuvieron la pena de prisión perpetua.
Además, otros nueve policías recibieron penas. El comisario inspector Walter Soria (43), fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; mientras que el subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, recibieron cuatro años y ocho meses de cárcel.
En tanto, la oficial ayudante Yamila Martínez (25) recibió 4 años y tres meses de prisión; el subcomisario Sergio González (44) cuatro años y diez meses; el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29) fueron condenados a cuatro años.
Por otro lado, la agente Wanda Esquivel (32), quien “plantó” el arma para simular un enfrentamiento y luego pidió disculpas por ese “error”, recibió una pena de tres años y diez meses de prisión. El oficial ayudante Ezequiel Vélez (23) fue condenado a dos años y seis meses de cárcel.
A su vez, fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29), quienes fueron acusados de “encubrimiento y falso testimonio”.
Una nueva investigación
Cabe mencionar que en la sentencia se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para comenzar una investigación penal contra les responsables políticos encargados de distintas áreas de seguridad en ese entonces. Entre ellos, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
El fiscal Mana se declaró “incompetente” para actuar en esta nueva causa y derivó el expediente al Fuero Anticorrupción. La decisión fue cuestionada por la madre del adolescente asesina, al entender que lo que se busca es “la impunidad de los funcionarios políticos responsables del encubrimiento” del crimen de su hijo.
