La investigación por los violentos ataques a la sede de los tres poderes el 8 de enero de este año, a días de la asunción del presidente Lula Da Silva, continúa su avance. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, sumó otras 250 personas procesadas, por lo que ya son 1.045 el total, de los cuales 253 están detenidos.
Según pudo saber la agencia de noticias Télam, estos últimos procesamientos son producto de la quinta oleada de denuncias presentadas por la Procuraduría General. Las deliberaciones se hacen a puertas cerradas y de manera online. De los 11 jueces, siete votaron a favor de la imputación y tan solo uno en contra.
Además, el máximo tribunal estaría evaluando la situación de los llamados “autores intelectuales” de los ataques. Los instigadores de los actos fueron presos un par de semanas y liberados luego, por lo que comparecerán ante la justicia en libertad.
Por otro lado, se investiga a los autores materiales de los episodios de violencia. En ese apartado, hay 239 personas denunciadas. Cabe recordar que las denuncias están siendo analizadas en dos procesos judiciales distintos.
Lo que sigue
Los pasos que seguirá la máxima corte del país ya están diagramados. La próxima semana analizarán la sexta y última tanda de denuncias. Se trata de 131 personas englobadas en el proceso de instigación y planeamiento de la invasión.
Lo importante de este último grupo es que podría ser incluido el ex presidente Jair Bolsonaro. El mismo, desde el regreso de su autoexilio en Estados Unidos a finales de marzo, tiene que enfrentar más de 30 causas abiertas que lo dejarían sin poder participar en futuros procesos electorales.
El jueves, en tanto, se instalará la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del Congreso, que hará su propia investigación sobre los ataques, con un plazo de seis meses de trabajo.
El cuerpo tendrá 32 integrantes, repartidos por igual entre diputades y senadores, y contará con las mismas facultades de investigación que la Justicia, por lo que pueden convocar a autoridades, solicitar documentos y romper el secreto por el voto de la mayoría de los miembros.
El intento de golpe
El 8 de enero de este año, miles de simpatizantes de distintos sectores de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado al por entonces prematuro gobierno de Lula Da Silva.
Los ultraderechistas irrumpieron de manera violenta y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia. Sin reconocer el resultado de las elecciones y con la excusa de un supuesto fraude, dañaron gravemente los edificios asaltados.
En su momento, Lula da Silva declaró: “Quien hizo esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”.
Por otro lado, el principal apuntado, Jair Bolsonaro había repudiado las acusaciones y señaló: “Las manifestaciones pacíficas, en el marco de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”.