Un día como hoy, pero hace 38 años, Argentina daba el primer paso en un hecho sin precedentes en materia de derechos humanos. Dos años después del retorno democrático, el 22 de abril de 1985 comenzó el juicio más importante de la historia nacional. El recorrido hasta allí no habría sido fácil. Caído el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la democracia aún parecía una cosa nueva.
En el banquillo de los acusados estaban sentados nada más y nada menos que los miembros de las tres primeras juntas militares que ejercieron el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Uno al lado del otro se ubicaron los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola. También estaban los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya y los brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. De todos ellos, Videla era el único vestido de civil.
La primera audiencia comenzó ese lunes 22 y tuvo lugar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de 830 testigues, se concretaron alrededor de 500 horas de audiencias.
Allí se analizaron alrededor de 280 casos de violaciones a los derechos humanos, de los 709 previstos originalmente. A pesar de la gran cantidad, todos tenían un componente por igual: el terror desprendido de las torturas, muertes y desapariciones de la época.
El comienzo por la Memoria, la Verdad y la Justicia
A los pocos días de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Presidida por el escritor Ernesto Sábato, la CONADEP se encargó de recoger los testimonios de sobrevivientes y familiares que habían sido víctimas del terrorismo de Estado.
Todes elles narraron los miles de casos que evidenciaron el plan de secuestro, tortura y desaparición por parte de las juntas militares. Al culminar la investigación, fue elaborado el informe que se llamó “Nunca más” y que luego se entregó al presidente Alfonsín y se transformó en una prueba fundamental.
El juicio se trató de algo inédito porque, por primera vez, un grupo de dictadores acusados de violar los derechos humanos sería juzgado por la Justicia civil. Esta particularidad se dio luego de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) dejará en evidencia su complicidad al anunciar que no emitiría ninguna sentencia para los militares. Como justificación, aseguraron que “la lucha contra la delincuencia subversiva y terrorista que asoló a nuestra patria convertía en inobjetables a las órdenes represivas de los altos mandos”.
De esta manera, los jueces de la Cámara Federal reclamaron al CONSUFA la instrucción militar para iniciar un juicio bajo su propia jurisdicción. Así, los principales responsables de les 30 mil desaparecides serían juzgados frente a toda la sociedad, sin beneficios y con las mismas garantías que le correspondían a cualquier persona.
Los seis jueces que integraron el tribunal fueron: Carlos Arslanian, Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. No obstante, las figuras más destacadas fueron las del fiscal Julio César Strassera y su adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo.
El Juicio
La acusación estuvo a cargo de la fiscalía de Strassera, quien convocó a un grupo de jóvenes para llevar adelante el trabajo. En paralelo, representantes de las Fuerzas Armadas querían boicotear el juicio. Con el fin de “limpiar” la imagen de los acusados, operaban para “llegar a un acuerdo” que proponía que los miembros de las Juntas reconocerían su responsabilidad en los hechos, a cambio de no ser juzgados.
Sin embargo, a pesar de las presiones y amenazas, les letrades continuaron con su trabajo. Además de juzgar a los responsables de uno de los acontecimientos más siniestros de la historia argentina, el Juicio a las Juntas también fue importante porque les dio protagonismo a las víctimas. Por primera vez, les sobrevivientes narrarían sus experiencias frente a la Justicia, pero también frente a una sociedad diezmada que exigía que los responsables paguen las consecuencias.
En ese sentido, otra particularidad del acontecimiento fue la repercusión que tuvo y el gran interés mediático y social que alcanzó. Incluso, por la cantidad de gente que podría asistir, la sala donde se concretarían las audiencias debió ser ambientada específicamente para la ocasión. Del lado de afuera, las calles estaban repletas de personas que quisieron presenciar el fin de la impunidad dictatorial.
“Señores jueces: Nunca más”
Luego de numerosas y extensas jornadas de exposición, el miércoles 18 de septiembre de 1985 la Fiscalía comandada por Julio César Strassera culminó con las acusaciones hacia los ex comandantes. Las palabras pronunciadas por el fiscal representaron el deseo colectivo de justicia y quedaron así en la memoria de todo un país que pedía “nunca más” volver al terror.
Durante esa última audiencia, Strassera se dirigió al tribunal y expresó: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.
Finalmente, las condenas -que otorgaron perpetua para Videla y Massera- fueron firmadas el 9 de diciembre de 1985.
“Argentina, 1985” y un debate necesario
En 2022 y tras más de 30 años de aquel día histórico, el acontecimiento volvió a la agenda en forma de película. Bajo el título “Argentina, 1985”, el Juicio a las Juntas estuvo otra vez en boca de todes y hasta logró superar el millón de espectadores al poco tiempo de su estreno. Además, se convirtió en la película más vista del año en el país e incluso obtuvo una nominación al Oscar.
Dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, el largometraje logró reinstalar el debate en torno a los derechos humanos y su relevancia para la Argentina. Su lanzamiento -que pudo ser casual- fue acorde a un contexto en el que predominaban -y predominan- los discursos de odio y las reivindicaciones a la violencia.
A pesar de las críticas respecto a “la falta” de menciones de algunas figuras políticas, “Argentina, 1985” se trató de una ficción que fue más allá y que permitió revisar la historia nacional. En ese sentido, la película dejó en evidencia que aquí los derechos humanos no son ningún “curro”. Más bien, son algunas de las banderas que este país debe levantar con orgullo frente a todo el mundo.