Si fuiste estudiante de una carrera relacionada con las ciencias sociales y humanísticas, seguro conoces a Boaventura de Sousa Santos. Sus textos y reflexiones son de habitual lectura en el ámbito universitario. Por eso, ese mundo se revolucionó al conocerse las denuncias contra el sociólogo portugués por acoso sexual.
Quienes destaparon la olla fueron tres antiguas investigadoras de la institución donde se desempeñaba: el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra en Portugal. Ellas son Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya.
Lo hicieron en un capítulo del libro «Conducta sexual inapropiada en la academia”, que publicó en inglés hace dos semanas la editorial británica Routledge. Allí, denuncian a Boaventura de Sousa Santos de “extractivismo sexual”, “extractivismo intelectual” e “incesto académico”.
Luego surgieron otros testimonios. La argentina y activista mapuche Moira Millán se pronunció en su cuenta de Twitter. «Boaventura Sousa Santos es un abusador sexual y he sido una de sus víctimas en el año 2010», afirmó Millán. Ella relató lo sucedido en pocas entrevistas a medios portugueses, y desea no ahondar en el tema.
Otra denunciante fue la diputada brasileña Bella Gonçalves, que habló en una entrevista a Público. “Soy una de las mujeres que sufrió acoso sexual por parte de este señor, quien fue mi asesor de investigación doctoral», confesó.
El silencio en la academia
«Forma Boaventura. Todas sabemos». Ese graffiti apareció en 2018 en las paredes del CES. Si bien se borraba, siempre volvía a pintarse. Esta manifestación silenciosa pero contundente fue la que permitió a las investigadoras denunciantes darse cuenta que no estaban solas.
De hecho, originó el artículo del libro donde denuncian al sociólogo portugués. «Las paredes hablaron cuando nadie se atrevía«, es el título del capítulo. Allí nunca nombran al catedrático, aunque hacen claras referencias a él como “profesor estrella”.
Los hechos que relatan sucedieron entre el 2010 y 2018. No sólo involucran a De Sousa Santos, sino también a otro profesor, el antropólogo Bruno Sena Martins. A él se refieren como el «ayudante», y es quien más acusaciones suma.
Una de las escenas que describen fue en una cena de fin de ciclo, cuando Boaventura abrazó a dos de las investigadoras en una acción que “duró demasiado”. “Un investigador que se percató de lo que ocurría, les alertó de que ese comportamiento inapropiado era común y que solía ser subestimado con humor o negación”, narran.
Más allá de lo alarmante de los hechos, se le suma la normalización por parte del personal universitario. Tanto Bella Gonçalves como Moira Millán afirmaron que desde el entorno les recomendaron no visibilizar la situación. “El tono general era que se trataba de alguien intocable y que cualquier denuncia podría poner en riesgo mi doctorado”, contó la diputada brasileña.
Tanto es así que a la par de las denuncias, más de 600 académiques portugueses y extranjeres, firmaron un manifiesto en el que explican que estás situaciones no son “episódicas o un ataque concertado de difamación”. Afirman que es “una crítica a las dinámicas institucionales sistémicas, comunes dentro y fuera de la academia”.
El texto se titula “Todas lo sabemos”. “Estas asimetrías de poder llevan a las investigadoras, dependientes de la validación de la institución para su seguridad financiera e incluso migratoria, a anular los abusos de los que son víctimas como forma de evitar problemas o represalias”, añadieron.
Las repercusiones
Mientras tanto, el CES anunció el pasado viernes que suspendía de todos sus cargos a Boaventura de Sousa Santos y a Bruno Sena Martins. El centro dictaminó una comisión especial para llevar adelante la investigación, mientras ambos permanecen suspendidos “durante este proceso y hasta que se tengan las conclusiones”.
De Sousa Santos fue director del Centro de Estudios Sociales entre el 2010 y el 2018. Hoy, a sus 82 años, tiene la condición de director emérito de la institución. Además era miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que también tomó medidas.
El Clacso decidió suspenderlo de todas sus actividades en la institución mientras se desarrollan las investigaciones. En un comunicado que divulgó este fin de semana, la entidad informó que se “solidariza con todas las personas afectadas por este tipo de violencia”. Pidió “una reflexión profunda en torno al acoso sexual en las instituciones académicas y de investigación”.
El sociólogo se defendió públicamente y anunció que llevará a las denunciantes a los tribunales. Afirmó sufrir una “difamación anónima, vergonzosa y vil”. Aseguró ser objeto de un “linchamiento público”, que se basa en “graves mentiras e insinuaciones fantasiosas que hieren mi dignidad y afectan a mi reputación profesional”.