En el marco de un paro realizado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) el 4 de abril de 2007, les docentes decidieron hacer un corte en la Ruta 22 cerca del pueblo de Senillosa en la provincia patagónica. Aquel día, las fuerzas policiales de la provincia recibieron la orden de impedir la medida de fuerza por parte del gobernador Jorge Sobisch.
Luego de que el operativo policial dispersó la concentración con balas de goma, gases lacrimógenos y un carro hidrante, les dirigentes gremiales dialogaron con la policía y decidieron desalojar el lugar. Escoltados por fuerzas de seguridad, algunos manifestantes se retiraron a pie y otros en sus vehículos. A pesar de que la ruta quedó liberada, las persecuciones continuaron.
Carlos Fuentealba, de 40 años, se encontraba en el asiento trasero de un Fiat 147 que huía del lugar. En esos momentos, un miembro del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la ciudad de Zapala, lanzó una granada de gas que traspasó el vidrio (luneta) del vehículo impactando en la cabeza de Fuentealba.
El proyectil, arrojado por el efectivo José Darío Poblete, le provocó al docente un hundimiento de cráneo. Como consecuencia, Fuentealba, falleció al día siguiente en el Hospital provincial. El hecho, repudiado de manera generalizada, llevó a un paro extendido apoyado por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Repercusión del homicidio y la represión
En simultáneo con las medidas gremiales en Neuquén, trabajadores de la educación de todo el país llevaron a cabo huelgas, movilizaciones y asambleas. La protesta nacional que exigía el juicio político del gobernador provincial fue difundida y conocida bajo consignas como «Nunca Más», «Las tizas no se manchan con sangre» y «Sobisch Asesino», entre otras.
Finalmente, el sindicato provincial acordó un aumento salarial y una pensión para la viuda de Fuentealba, entre otros reclamos. Así, les docentes se comprometieron a recuperar las clases perdidas por la huelga. Por otro lado, la Legislatura se mantuvo cerrada casi dos meses por ausencia de los representantes del partido oficialista del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Las causas Fuentealba I y II
José Darío Poblete fue procesado e imputado por homicidio calificado en la causa “Fuentealba I” en la cual se investiga la autoría material del asesinato. En paralelo, se abrió otra causa judicial, llamada “Fuentealba II”, que investiga responsabilidades de nivel superior de la jerarquía policial y al entonces Subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli.
En el año 2008, la Cámara en lo Criminal Primera halló responsable al policía de “homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía, en concurso ideal”. En ese entonces, Poblete fue condenado a prisión perpetua.
Catorce años después, el Juez de Garantías Lucas Yancarelli resolvió elevar a juicio una causa contra otros ocho efectivos policiales que incluye a Carlos Zalazar, máximo jefe que tuvo intervención en aquel operativo del 2007. De esta manera, se va definiendo la larga trayectoria que tuvo el expediente conocido como “Fuentealba II”.
Además, se investigaron las responsabilidades de otros jefes y policías que intervinieron durante el desarrollo del operativo represivo. La acusación está a cargo del Jefe Fiscal Maximiliano Breide Obeid, quién acusó a Benito Matus por abuso de armas y lesiones leves.
El resto de los procesados son Jorge Bernabé Garrido, Moisés y Adolfo Soto y Mario Rinzafri por abuso de autoridad y encubrimiento; y Aquiles González y Julio Lincoleo por encubrimiento agravado. De aquí en más, un tribunal colegiado tendrá que determinar si son responsables de los delitos que les imputan.
Nivel de responsabilidad política
La causa “Fuentealba II” surgió con el objetivo de examinar las responsabilidades de funcionaries y policías que habían intervenido en el operativo en el que fue asesinado el docente. La querella particular siempre guardó la expectativa de que se juzgará al ex gobernador Sobisch del MPN, y actual integrante de la Democracia Cristiana, por instruir el operativo.
A pesar de que no se logró ese objetivo, el juez a pedido de la defensa, resolvió citar al entonces gobernador en calidad de testigo. Por otra parte, en los orígenes de los procesos legales eran 15 los involucrados. Uno de ellos, Raúl Pascuarelli, murió, mientras que otros seis resultaron sobreseídos.
Más tarde, la parte querellante, logró que la Corte Suprema de Justicia abriera el caso y ordene un nuevo fallo. En consecuencia, en agosto del año 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia dejó sin efectos los sobreseimientos dictados y permitió que se retome la investigación.