Mar 25, 2023 | Sociedad

8 de cada 10 genocidas condenados gozan de prisión domiciliaria

Sólo un 15% de los detenidos están alojados en alguna dependencia de los Servicios Penitenciarios. Para profundizar en el tema, Nota al Pie conversó con el presidente de la APDH, Guillermo Torremare.
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Desde el 2006 hasta la fecha, se realizaron 296 juicios de crímenes de lesa humanidad. Crédito: Chaco Día por Día.

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), ocho de cada diez genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar, cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria. 

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, Nota al Pie dialogó con el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare.

El papel de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad

La PCCH recaba información desde el año 2006, momento en el cual volvieron a reabrirse las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Desde ese año hasta el día de hoy, se desarrollaron 296 juicios, con un resultado de 1.115 personas que fueron condenadas por la Justicia. Por otro lado, 171 resultaron absueltas. 

1.115 resulta un número escaso si se tiene en cuenta que, en la actualidad, el Gobierno nacional reconoce unos 800 centros clandestinos de detención. 

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica periódicamente una actualización de datos referidos a los crímenes de lesa humanidad. Es un trabajo conjunto con las fiscalías federales y unidades fiscales. 

Cifras oficiales sobre los genocidas

En la actualidad, hay un total de 15 juicios en curso a lo largo del país, mientras que 75 causas aguardan que se fije una fecha para iniciar el debate. En plena investigación hay 269 causas.

En cuanto a las personas condenadas, éstas suman un total de 495 y sobreseídas hay 92. En el mismo sentido, 141 personas no cuentan con méritos suficientes para ser condenadas o sobreseídas. Por otro lado, son 550 las que aguardan ser llamadas para que inicie el juicio.

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Hay 717 personas detenidas. De ellas, 549 están con prisión domiciliaria. Crédito: El Cronista.

Además, 1.422 personas murieron, ya sea esperando ser condenadas o en condena. Y 20 personas se encuentran prófugas de la Justicia con paradero desconocido. 

En cuanto a las personas detenidas por haber cometido algún crimen de lesa humanidad, son 710; mientras que 1.519 están libres: más del doble de las detenidas en distintas condiciones, incluídas las que se encuentran con prisión domiciliaria. Esta disparidad en las cifras es una tendencia que se profundizó a partir del 2016.  

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, en diálogo con Nota al Pie sostuvo: “Desde la APDH decimos que la pena debe cumplirse en el Servicio Penitenciario Federal, el que debe brindar un trato digno a los condenados”. Con respecto a la prisión domiciliaria, agregó: “Debe ser la excepción para aquel que por alguna razón grave no pueda estar en prisión”. 

Cabe destacar que sólo un 15% de los detenidos están alojados en alguna dependencia de los Servicios Penitenciarios Nacional y Provinciales.

El papel de Macri

A partir del año 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, hubo un cambio en la estadística entre las personas detenidas y en libertad. Desde aquel momento, la cifra de quienes gozan de prisión domiciliaria es mayor a quienes están en establecimientos penitenciarios. Las personas detenidas pasaron de 1.052 a 710 y las personas libres, incluyendo prisión domiciliaria, pasaron de 1.141 a 1.519. 

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Guillermo Torremare, presidente de la APDH, aseguró que “hay muchas causas en trámites, la mayoría muy demoradas”. Crédito: Twitter

“Durante el periodo de gobierno macrista se generalizó el otorgamiento de domiciliarias, coincidiendo con el poco apego de esos gobernantes al sostenimiento de política de memoria y justicia”, aseveró Torremare. 

La mayoría de los genocidas condenados tienen más de 70 años, siendo ésta la principal razón por la cual pueden gozar del beneficio del arresto domiciliario.

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