El gobierno de coalición de extrema derecha de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha impulsado desde principios de este año una reforma judicial con el objetivo de limitar el poder del Tribunal Supremo.
Desde el oficialismo han defendido la reforma, con el argumento de que, al darle más autonomía al Knéset (Parlamento) y al Poder Ejecutivo, se fortalecerá la soberanía popular. Sin embargo, un amplio sector de la sociedad israelí considera que las modificaciones ponen en serio peligro la democracia de su país.
¿De qué se trata la reforma judicial?
La reforma judicial de Israel busca modificar, a través de una serie de normativas, el actual equilibrio de poderes que tienen las principales instituciones del país. Si bien este lunes se anunciaron una serie de cambios a partir de un llamado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro israelí, la idea original de la reforma se encontraba conformada por tres polémicas propuestas.
La primera de ellas busca limitar el poder de veto del Tribunal Supremo a través de una cláusula de anulación, lo que le otorga al Knéset la capacidad de desestimar una decisión de la institución judicial tan solo con el voto a favor de más de la mitad de les legisladores presentes.
Por otro lado, se presentó una normativa para que el Poder Ejecutivo tenga un control aún más grande sobre los nombramientos judiciales, modificando los consensos requeridos en el Comité de Selección de Jueces.
Finalmente, la tercera es una disposición que le impide al Tribunal Supremo invalidar las Leyes Básicas de Israel, que funcionan como normas fundamentales al no poseer una Constitución, a menos que cuente con el voto a favor de 12 de les 15 jueces que lo componen.
Luego del llamado de Biden a Netanyahu, cuando el presidente estadounidense le pidió que la reforma judicial respetara los valores democráticos, el Gobierno israelí anunció algunas modificaciones en su hoja de ruta.
En principio, el oficialismo aceptó retrasar hasta finales de abril el debate sobre algunas de las modificaciones más controvertidas de la reforma, como la cláusula de anulación, permitir que la oposición pueda nombrar al menos un juez para el Tribunal Supremo cada año e, incluso, crear una comisión para estudiar propuestas alternativas a la reforma judicial.
Una sociedad profundamente dividida
La iniciativa impulsada por el Gobierno israelí ha generado una profunda fractura en el seno de la ciudadanía. Hace 11 semanas que Israel vive las protestas más masivas de su historia, y cientos de miles de personas se han concentrado cada sábado en las principales ciudades del país para rechazar la reforma judicial. El descontento ha alcanzado incluso a cientos de reservistas del Ejército que se han negado a prestar servicio en señal de protesta.
En este marco, no son pocas las personas que han advertido en las últimas semanas que el país de Medio Oriente corre el riesgo de sufrir una guerra civil. El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el pasado 15 de marzo que “quien piense que una verdadera guerra civil, donde están en juego vidas humanas, es una frontera a la que no llegaremos, no entiende lo que está pasando”.
Lo dicho por Herzog, a pesar de que en principio pueda sonar exagerado, no está exento de fundamentos. Una encuesta divulgada el pasado 17 de marzo por el canal de televisión israelí Reshet 13 reveló que el 58% de la ciudadanía considera probable que el recrudecimiento de los conflictos a causa de la reforma judicial derive en una guerra civil.
