Este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados esperaba una vez más al fiscal federal Carlos Stornelli, tras su ausencia en la convocatoria de la semana pasada.
Citado a declarar como testigo de manera presencial, Stornelli deberá explicar los motivos por los que cerró la causa iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles -un colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti– y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
La cita al fiscal se da en el marco del proceso de enjuiciamiento contra los cuatro integrantes del máximo tribunal. Presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, la comisión legislativa debate el proyecto impulsado por el Gobierno nacional en conjunto con varios gobernadores provinciales.
Sin embargo, este lunes Stornelli ratificó que no acudirá a la Comisión y envió una nota a la Procuración General de la Nación. Allí afirmó que está a disposición para responder sólo por escrito las preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria.
Para justificar su ausencia, se basó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal. Dichas normativas lo eximirían de presentarse al ser convocado como testigo por un tribunal. No obstante, desde el Congreso aseguraron que esa exención -vigente para presidentes, gobernadores y vices- no está contemplada para casos como el suyo. Incluso, desde el oficialismo resaltaron que todes les funcionaries judiciales se presentaron sin poner reparos.
Asimismo, advirtieron que en caso de que el fiscal vuelva a ausentarse a la comisión, impulsarán su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública.
¿Por qué citan a Stornelli?
La citación para declarar como testigo se da en el marco de la causa que involucra al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, un hombre de confianza de Rosatti. Las conversaciones filtradas tuvieron lugar el 9 de noviembre y se extendieron hasta el 1 de diciembre del 2022.
Sin embargo, a principios de este año y en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó la denuncia contra los acusados. En paralelo, Stornelli tomó la misma consideración y dictaminó que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas.
La polémica de los chats se basa en que el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y el colaborador de la Corte intercambiaban información sobre dos temas claves para Juntos por el Cambio: el reclamo de los fondos de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y el nombramiento de senadores en el Consejo de la Magistratura.
Quizás por eso, la semana pasada la votación para convocar nuevamente a Stornelli cosechó 16 votos a favor del Frente de Todos y 14 de Juntos por el Cambio.
Los vínculos del fiscal
En los últimos años, el fiscal ganó lugar en los medios de comunicación gracias a sus reiteradas polémicas. Sin embargo, su rol y vínculo con el poder data de hace mucho más tiempo. En la década de los años 90, por ejemplo, tuvo a cargo la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia que derivó en el arresto domiciliario del ex presidente, Carlos Menem.
Por otra parte, en 2007, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le concedió a Stornelli el cargo de ministro de Seguridad bonaerense, durante el gobierno de Daniel Scioli. Dos años después, el fiscal fue reemplazado por Ricardo Casal y volvió a su fiscalía. Según algunas versiones, el caso de la familia Pomar en 2009 fue el puntapié para su desplazamiento.
No obstante, la figura de Carlos Stornelli ganó mayor notoriedad cuando se conoció su articulación con el falso abogado Marcelo D’Alessio y una organización de investigación ilegal. Incluso, su ausencia en una citación no es novedad: en el marco del “caso D’Alessio”, fue citado por el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para indagarlo al respecto.
Después de seis llamados y tras ser declarado en rebeldía, el fiscal se presentó. Luego fue procesado por presunta asociación ilícita en función de sus vínculos con el falso abogado. Finalmente, la Cámara de Casación ordenó que el “caso D’Alessio” pase a los tribunales de Comodoro Py, donde más tarde fueron revocados ambos procesamientos.