La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la nulidad de la empresa Dakota Sociedad Anónima, la cuál era la encargada del manejo de las grúas y el estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta acción fue promovida atenta a “los graves y reiterados incumplimientos incurridos”, explica el escrito. El referente de la empresa, Marcelo Violante, quedó en el ojo de la tormenta tras aparecer entre los chats filtrados con el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Cabe destacar que el 6 de enero, el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, comunicó la denuncia penal contra D’Alessandro por «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado entre otros».
En el documento de la denuncia, se pide investigar los presuntos hechos de corrupción relacionados con contratistas empresarios de CABA, entre los que figuraba Violante, encargado de Dakota S.A.
Asimismo, plantean que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.
Finalmente, se conoció la cifra que la empresa abonaba, la cuál estaba congelada desde hacía varios años.
Números que no cierran
Según pudo constatar la IGJ, la empresa que contaba con la concesión de grúas de la Ciudad de Buenos Aires operaba con contrato vencido, sin presentar balances y con el congelamiento del canon que abonaba.
Según el expediente, Dakota S.A. adeudaba la prestación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 31 de julio de 2018 hasta la misma fecha de 2021. Es decir, operaba sin haber efectuado el pago de tasas durante el período 2018-2022.
Por otra parte, se señala que en el año 2022, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) publicó en el boletín oficial una actualización de denominada «tasa de remoción y acarreo de vehículos».
Dicha tasa es el importe que percibe la empresa por cada remoción de vehículos estacionados de forma indebida. El nuevo importe, asciende a la suma de “$6525 (IVA incluido)”, mientras que “el canon mensual a abonar por la concesionaria es de 55 mil pesos”.
En este sentido, tras un repaso, se puede constatar que el canon mensual era de 30 mil pesos en 2011 mientras que «durante ocho años el canon permaneció invariable en 55 mil pesos mensuales”, cuando se estancó desde 2014.
Por otra parte, no ocurrió lo mismo con el valor del acarreo de vehículos que fue percibiendo Dakota en esos años. Señalan que en 2014 el monto de recaudación era de $350 por vehículo, para aumentar a $450 en 2015 y $750 en 2016, hasta llegar a los $6525 actuales.
Pese a los números descritos, la IGJ señala que «la mayoría de los estados contables de la compañía arrojan saldos negativos finales, por reflejarse, en los balances del caso, pérdidas económicas en casi todos los ejercicios».
Por último, en torno a dicha contradicción, el escrito se preguntó cómo es que la empresa evitó “entrar en disolución por pérdidas de su capital social”. Al tiempo que se contestó: “la respuesta se encuentra, precisamente, en la total opacidad que caracteriza sus estados y registros contables».