El pasado domingo, 192 de los 193 estudiantes y manifestantes detenidos durante la intervención policial del sábado 21 de enero en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fueron liberados, según informó el Ministerio Público de Perú. Ante los constantes hechos de violencia institucional, el Papa Francisco pidió que se respeten los derechos humanos en Perú.
El Sumo Pontífice expresó: “Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos”. “Me uno a los obispos peruanos al decir No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes”, agregó en su sermón semanal ante miles de personas en la Plaza de San Pedro.
Sin pruebas ni responsables
El acta de la intervención policial ocurrida el sábado en la UNMSM señalaba que 192 personas estaban acusadas por presuntos delitos de usurpación agravada, contra el patrimonio, daños y robo agravado. Mientras que otros cuatro detenidos en la residencia universitaria, por presunta comisión de terrorismo. Sin embargo, el documento no precisaba qué fundamentos o indicios vinculaban a les detenides con este último delito.
Por su parte, el abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra precisó que durante la intervención y luego de las detenciones no se incautó nada que involucre a les estudiantes en daños, disturbios o terrorismo. En esta línea, el letrado aseveró: “La presidenta Dina Boluarte los ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad”.
Tras la dura intervención, les manifestantes estuvieron detenidos por más de 30 horas. En relación a ello, el abogado Jimmy Sotomayor rechazó “la actuación abusiva y desproporcionada de la PNP” ya que “se debió resolver la situación jurídica de los detenidos el sábado en la noche”.
Les manifestantes fueron liberados en los exteriores de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), donde se encontraron con familiares y amigos. Además, denunciaron que sus pertenencias incautadas no fueron devueltas.
En cuanto a la falta de pruebas contra les acusades, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo que eso dependía de la Fiscalía; y resaltó la labor de la Policía Nacional de Perú (PNP), a pesar de los abusos y humillaciones.
En defensa de les estudiantes
Si bien en un principio la rectora de la institución, Jeri Ramón defendió el retiro de las personas resguardadas en el campus, las autoridades de la universidad cambiaron su postura.
En un comunicado oficial indicaron que la policía ingresó sin presencia de la Defensoría del Pueblo, ni de representantes del Ministerio Público. “Denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, expresaron.
Asimismo, rechazaron la intervención de la Dircote en la Residencia Universitaria. Esto trajo consigo daño material en la infraestructura y agravio físico y psicológico a les residentes de la institución.
Por otro lado, diversos organismos de derechos humanos denunciaron violaciones a la integridad y los derechos de los estudiantes y manifestantes por parte de la PNP. En esta línea, la abogada feminista Marisol Fernández indicó que estudiantes, campesines quechua y aimara hablantes se encontraban en las sedes policiales. Estos grupos no podían entender buena parte de lo que estaba sucediendo hasta que llegaron intérpretes.
Además, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que entre les detenides se encontraban tres comunicadores. Se trataba de la enviada especial de Fama TV, Paty Condori Huanca; el reportero de Radio Huancané y Líder TV, Percy Pampamallco Yancachajlla; y el reportero de Radio Sudamericana de Juliaca, César Huasaca Abarca.
Abusos contra les detenides
La directora de la coordinadora nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, denunció a la PNP por malos tratos contra mujeres de la UNMSM. Asimismo, declaró que les detenides no pudieron ingerir alimentos o tomar agua hasta las 4 de la tarde.
Además, agregó que entre elles había una mujer gestante, una niña de 8 años detenida con su madre y ancianos de 80 años. También informó que desde su organización presentaron un recurso de Hábeas Corpus por las arbitrariedades que cometieron en estas detenciones, ya que varias mujeres declararon que fueron obligadas a desnudarse para las requisas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó en su cuenta de Twitter que se debe garantizar apoyo y trato diferenciado en caso de mujeres detenidas. Lo que se suma al factor de ser quechuahablantes.