En el día de ayer, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, indultó por decreto a policías y militares condenados por la Masacre de Carandiru, la mayor matanza carcelaria de América Latina. La repudiable decisión tomada por Bolsonaro se produjo a 9 días del traspaso del mando presidencial. De esta manera, fortaleció la impunidad que rodea a uno de los hechos más lamentables del país.
El perdón presidencial benefició a 69 de los 74 efectivos condenados por los asesinatos en la antigua prisión brasileña de San Pablo, ocurridos en el año 1992. Pese a que la masacre tuvo lugar hace tres décadas, debido a la lentitud de la justicia y maniobras de la defensa, ninguno de los acusados cumplió tiempo en prisión.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del derrotado presidente, celebró la decisión de su padre vía Twitter e indicó que “hoy se hizo justicia”. El tercer heredero, a su vez, afirmó que los condenados sufrieron “una persecución interminable” y que los policías militares “cumplieron su misión”.
La Masacre de Carandiru, un símbolo de la impunidad
La Casa de Detección de San Pablo, más conocida como Carandiru, fue durante años la cárcel más grande de todo el continente y llegó a albergar a más de 8.000 personas privadas de su libertad. Sin embargo, en el año 2002, la prisión quedo clausurada. Posteriormente, el edificio se demolió y en su lugar se construyó un parque. Lo ocurrido el 2 de octubre de 1992 había sellado su destino.
En aquel momento, un motín iniciado en el Pabellón 9 de la cárcel brasileña terminó con una de las represiones más brutales y violentas que se hayan visto en una prisión del continente. El saldo de la intervención de la Policía Militar fue nada más ni nada menos que 111 personas muertas.
Entre el 2013 y el 2014, con un jurado popular de por medio, se celebró el esperado juicio para lograr la condena a los efectivos de las fuerzas de seguridad. Los análisis forenses presentados durante el juicio determinaron que los asesinados recibieron 515 balazos en su cuerpo, de los cuales 126 fueron directamente a las cabezas de las víctimas.
Así, a pesar de que la defensa sostuvo que las muertes se produjeron en defensa propia, se pudo demostrar que en aquella jornada hubo ejecuciones una vez terminado el peligro del motín. A pesar de ello y con condenas de décadas a su espera, no hubo justicia y los acusados nunca cumplieron su castigo en la cárcel.
Una transición marcada por los guiños hacia las Fuerzas Armadas
El 1 de enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva volverá, de manera oficial, a ser presidente de Brasil e iniciará un histórico tercer mandato. Sin embargo, a pesar de la reciente victoria electoral, hubo momentos donde la tensión fue creciendo y esa esperada foto, para muchos, corrió peligro.
El último regalo de Bolsonaro a los militares con el indulto, de hecho, debe leerse como un guiño más hacia las FFAA. Durante la transición, a pesar de los 40 días de silencio, Bolsonaro se reunió con los altos mandos militares y, por lo bajo, también alentó a sus seguidores a pedir un golpe de Estado.
En medio de rutas bloqueadas y manifestantes en los cuarteles de las FFAA exigiendo su intervención, el presidente de Brasil sostuvo en una de sus últimas apariciones que los militares eran «el último obstáculo contra el socialismo». No obstante, a pesar de los grupos de presión del bolsonarismo en la propia fuerza, el Ejército de Brasil, a través del General Marco Antonio Freire Gomes, destacó en un mensaje de fin de año «su misión constitucional».