Dic 8, 2022 | Economía, Zona Ambiental

Avanza la exploración petrolera offshore con eje en la soberanía energética

El Ministerio de Ambiente aprobó la realización del proyecto extractivo de la empresa noruega Equinor, para extraer petróleo en las costas de Mar del Plata.
Exploración petrolera
El yacimiento de petróleo tiene un impacto productivo similar al de Vaca Muerta. Crédito: Head Topics.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó, el pasado 7 de diciembre, la realización del Proyecto Argerich, que consiste en la exploración petrolera offshore en las costas de Mar del Plata. La iniciativa la llevará a cabo la empresa noruega Equinor, en consorcio con YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y Shell Argentina.

Luego de que se levantara la medida cautelar que impedía el proyecto, la Resolución 19 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación aprobó el “Proyecto de Perforación del Pozo Argerich-Cuenca Argentina Norte”.

Los recursos fósiles detectados en la Cuenca tienen un potencial productivo igual o mayor al del yacimiento de Vaca Muerta, lo que significa una oportunidad para la soberanía energética en el país. El proyecto fue criticado por algunos sectores defensores del ambiente. 

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El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, considera que el proyecto se puede realizar evitando daños ambientales. Crédito: Puntual.

¿En qué consiste el proyecto de exploración petrolera?

Estudios preliminares de la petrolera YPF determinaron que 300 km mar adentro de las costas del sur bonaerense podría existir un importante yacimiento de combustible fósil. Su explotación podría resultar en la capacidad de producir 200 mil barriles de petróleo por día.

Esta cantidad de petróleo es equivalente al total producido hoy en todo el país. En este sentido, el yacimiento en la Cuenca Argentina Norte tiene un potencial igual o mayor al yacimiento neuquino, que es la principal reserva de petróleo y gas de la Argentina.

El ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, sostuvo que la Argentina “cuenta con una posición privilegiada dada la disponibilidad de recursos energéticos. Es una posición que no podemos desaprovechar. Proponemos no solo encaminarnos hacia un proceso de transición energética sino alcanzar el autoabastecimiento para impulsar un mayor desarrollo de la industria y de las exportaciones de nuestro país”.

El Informe de Impacto Ambiental fue debatido en Audiencia Pública en el mes de octubre. Al respecto, desde la Secretaría de Energía sostienen que “el proyecto se llevará a cabo cumpliendo las medidas de seguridad y prevención establecidas en el Plan de Gestión Ambiental”.

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Algunos sectores, como la organización internacional Greenpeace, criticaron la iniciativa. Crédito: Greenpeace.

La resistencia de algunos sectores

Al conocerse el plan conjunto de las petroleras y el gobierno, distintas organizaciones sociales, políticas y ambientales manifestaron su rechazo, en defensa del medio ambiente. En su lugar, exigen la implementación de políticas productivas sustentables.

“Esta práctica es una amenaza para el mar argentino y lo está llevando al borde del colapso, ya que sus impactos ponen en peligro a todas las especies de nuestra región como la ballena franca austral, el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos”, declararon desde la organización Greenpeace, en el marco de la campaña “Mar Argentino sin Petróleo”.

“Vamos a contramano de los propios compromisos que asumió el país en esta materia. Sería más lógico que el dinero para promocionar el offshore, que se encuadra en el Plan Gas, sea dirigido a sostener la transición energética, en lugar de apoyar una actividad riesgosa, que profundiza la actual matriz fósil”, afirmó María Marta Di Paola, directora de investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Por otra parte, el Juzgado Federal N°2 presentó una medida cautelar para suspender la realización del proyecto. Al respecto, alegó que el Ministerio encabezado por Juan Cabandié incumplió con los recaudos que pidió la Cámara Federal de Apelaciones para evitar daños ambientales. La presión de algunas organizaciones y el amparo judicial retrasaron la autorización, pero no pudieron impedirlo.

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