Esta tarde, a las 17.30 horas, el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF), integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional. Asimismo, el fallo incorporó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta sentencia impide, particularmente, que Cristina pueda ejercer cargos públicos dentro de la política nacional. La causa en la cual se halla implicada, llamada Vialidad, está vinculada con la presunta corrupción en el otorgamiento de las obras públicas durante su mandato presidencial en el periodo 2007-2015.
Si bien, en un principio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años tanto para Cristina Kirchner como para el empresario Lázaro Báez, la decisión fue mucho menos. Báez fue señalado como presunto autor de asociación ilícita, presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos. Su condición se ve agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta.
En esta misma línea, el Tribunal ordenó la decomisación de aproximadamente 84 mil millones de pesos a les condenades. Por su parte, Cristina Kirchner catalogó al Tribunal de “pelotón de fusilamiento” y dijo que la sentencia está fundamentada en hechos “inexistentes”. Para concluir, cerró diciendo que la sentencia es parte de una “actividad disciplinadora para estigmatizar a un espacio político”.
La palabra del Gobierno en defensa de Cristina
Desde la página oficial del Gobierno, denunciaron que “la condena a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye un ataque al proceso democrático”. En ese contexto, señalaron que la sentencia “busca cercenar los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, como otra muestra más del funcionamiento del lawfare en Argentina”.
El Gobierno argumentó que el proceso judicial estuvo “plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso” y que representa “un acto antirrepublicano del Poder Judicial”.
En esa línea, denunció que se desconocieron garantías básicas del debido proceso. Según el comunicado publicado en la página oficial, se dejó de lado la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Para finalizar, el comunicado remarcó que mientras se persigue a “la principal referente política de este país”, la Justicia “mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal […] y generado pobreza e indigencia en la población”.