Continúa el conflicto en el colegio Magno de Pilar, tras la intención del dueño del instituto en desafectar a ocho niñes con discapacidad o problemas en el aprendizaje. En esta oportunidad, quien se pronunció al respecto fue Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
“Dicen que están siendo perseguidos, que son víctimas de una persecución. Nosotros somos el Estado, vamos a cumplir las normas y no hacemos cosas prepotentes”, expresó el funcionario, según informó Télam.
En este sentido, se firmó una orden de sumario de la Dirección Legal y Técnica. “Se ha pedido que desde el inicio del sumario se establezca una medida cautelar de no innovar”, expresó Sileoni. Y desarrolló al respecto: “no innovar, para que no se modifique por ahora la situación de la matriculación de los alumnos que están involucrados en esta situación tan desagradable y dolorosa”.
Además, el ministro informó que dentro de la misma orden de sumario le dieron autoridad de intervención a la Defensoría del Pueblo de la provincia y a la Defensoría de la Niñez de la Nación”.
Sin acuerdo entre las partes
En otro pasaje de la entrevista que Sileoni brindó a Radio 105.9, se mostró pesimista sobre un acuerdo consensuado. “Ojalá me equivoque, y si me equivoco, con mucha alegría lo reconocería. Pero me parece que tienen una actitud de sostener e inclusive de profundizar el conflicto”, ratificó el ministro.
A su vez, reconoció que las instituciones que participan del conflicto, como el Inadi y las Defensorías, no tienen atribuciones para retrotraer la decisión del colegio. En este sentido, contó que quién debe determinar el caso será la justicia y que el Estado se encuentra “limitado”. Por otro lado, consideró que esta situación se cataloga “como una suerte de vacío legal”.
En torno al alcance de las acciones del Estado, explicó que la escuela en cuestión no recibe subvención, por lo tanto no existe quita posible en ese aspecto. Aunque reconoció que “puede haber multas y ese es un camino que estamos transitando”.
En esta línea, Sileoni explicó que “puede haber restricciones en la matriculación no del año que viene porque ya empezó, sino del próximo”. A su vez, avisó: “hay una medida extrema que es la quita de autorización para que el colegio funcione».
El problema del Magno: “bajan la vara”
La noticia de discriminación llegó a las familias a través de un comunicado por correo electrónico el 30 de septiembre. Se trata de ocho casos de niñes con dificultades en el aprendizaje o con alguna discapacidad, motivos por los cuales no les renovarán la matrícula para 2023.
El colegio, ubicado en la localidad de Villa Rosa (Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires), fue intimado por la Dirección de Cultura a anular su decisión dentro de las 48 horas, plazo que finalizó sin modificaciones.
Por el contrario, el colegio ratificó la medida con un comunicado por mail a la comunidad educativa. Les padres y madres denuncian que el dueño del Magno de Pilar «comparó el contrato pedagógico con uno de alquiler». Además, manifestaron que se justificó al considerar que sus hijos “bajan la vara” de la institución.
En tanto, el organismo provincial alertó que la medida del colegio incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece “los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública. Y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa».
Por último, señalaron que las instituciones educativas no pueden ser comprendidas de ningún modo por “las leyes del mercado”. Y que en la escuela “no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante».