Tras el desalojo, que ordenó la justicia el martes 4 de octubre, a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Rio Negro, fueron detenidas en total siete mujeres. Una de ellas embarazada de 40 semanas, otras con bebés de apenas meses de edad; y todas ellas acusadas de “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación” por la justicia federal.
La preocupación de diversos organismos de derechos humanos sólo se incrementó cuando la jueza subrogante Silvina Dominguez ordenó el traslado a Ezeiza de cuatro de ellas. Se trata de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera; y el argumentó de la jueza fue que en Río Negro no existe ningun establecimiento para mujeres.
Desde el primer momento sus abogades, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino estuvieron presentes y “agotaron todas las posibilidades” para evitar el traslado.
La renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta presentó su renuncia luego de duras críticas sobre las detenciones, el trato y el traslado de las mujeres mapuches. En su carta dirigida al presidente Alberto Fernandez dijo: “Me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”. La vocera del presidente, Gabriela Cerruti dijo que su renuncia fue aceptada.
Un comunicado del Parlamento Mapuche difundió el listado de las mujeres detenidas Machi Betiana Colhuan Nahuel; Nekulpangui Liwen (4 meses); Luciana Jaramillo; Celeste Huenumil; Lienkura Mañke (1 mes); Debora Daniela Vera; Andrea Despo Cañuqueo; Florencia Melo; Romina Rosas, quien cursa un embarazo de 40 semanas.
También desde el Parlamento Mapuche dijeron que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no tuvo intervención. Aunque si, el repudio de Elizabeth Gomez Alcorta, en diálogo con AM750, acusó a la jueza de “incomunicar” a las detenidas durante dos días. Esto, explicó, afectó el derecho a la defensa.
El repudio al desalojo en Villa Mascardi
Desde el Colectivo de Justicia Legítima (jueces, fiscales y trabajadores judiciales) exigieron que se vuelva abrir la mesa de diálogo para resolver la situación con el pueblo mapuche. “Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche y repudiamos la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro», expresó a través de un comunicado.
Asimismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la asociación Actrices Argentinas, repudiaron las detenciones y el traslado al igual que dos espacios sociales y políticos que integran el Frente de Todos, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Frente Patria Grande.
Por su parte, el Cels y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros organismos de derechos humanos, reclamaron una Mesa de Diálogo y remarcaron: «Los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (artículo 75 inciso 17 de la Constitución) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados».