Mujeres chilenas y extranjeras denunciaron esterilizaciones sin su autorización en Chile. En una investigación del medio Meganoticias, varias contaron que habrían sido obligadas a firmar documentos bajo presión. Por su parte, los hospitales negaron su responsabilidad a través de comunicados.
Además, a algunas de las afectadas se les habría instalado anticonceptivos sin la autorización correspondiente. Este tipo de casos no solo ha afectado a chilenas, también se evidenciaron estas prácticas en mujeres extranjeras. Por ejemplo, mujeres de Haití contaron que fueron esterilizadas tras dar a luz en hospitales públicos chilenos.
Uno de los casos que se dio a conocer fue el de Daniela Zamora, una joven de 27 años que llegó hasta el Hospital de la Florida en el 2021, esperando tener a su hijo. Antes de dar a luz, le informaron que se le realizaría una cesárea de emergencia.
Daniela contó que mientras tenía a su hijo en brazos debió firmar un papel, y aseguró no recordar su contenido. “Mi hijo que tenía dos días de nacido y me dijeron que me habían esterilizado y que yo firmé un papel. Hasta ahora, todas las noches me pregunto en qué momento lo firmé”, dijo la joven.
Esterilización como práctica ilegal
La Asociación Médica Mundial (AMM) y la Federación Internacional de Organizaciones de Salud y Derechos Humanos (IFHHRO) condenan dicha práctica. Además, informaron que la esterilización involuntaria afecta a las mujeres de todo el mundo, principalmente a las que poseen VIH, mujeres indígenas, y con problemas de salud mental o discapacidad.
Cabe mencionar que la normativa chilena sobre esta práctica detalla que “se debe informar que el procedimiento es irreversible”. Del mismo modo, se exige “dar a conocer la existencia de métodos anticonceptivos y solicitar un consentimiento por escrito previo al parto”.
Por su parte, el Hospital Clínico Dra. Eloisa Díaz, ubicado en la comuna de La Florida, en Santiago, respondió a las acusaciones. Al respecto, manifestó mediante un comunicado en sus redes, que “respetan y defienden” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Respetamos cada una de las decisiones que nuestras usuarias toman en dichos ámbitos, lo que incluye también la decisión autónoma e informada sobre la esterilización quirúrgica”, remarcaron.
Junto a la investigación iniciada, el Gobierno expresó que brindará apoyo a quienes se han visto vulneradas. Otro de los aspectos que será reforzado es la presencia de facilitadores interculturales en los centros de salud, considerando los casos de pacientes extranjeras.
La historia de Francisca
Esta no es la primera vez que los derechos de las gestantes son vulnerados en el país trasandino. Meses atrás la justicia de Chile pidió perdón a Francisca, una mujer con VIH sometida a una esterilización sin su consentimiento. El caso ocurrido en 2002 logró un acuerdo de reparación por parte del Estado.
Al poco de quedar embarazada, la joven de 20 años dio positivo para VIH. La mujer de escasos recursos comenzó un tratamiento antirretroviral, frente al miedo de transmitir el virus al bebé. El 4 de noviembre de 2002 dio a luz en el hospital público de Curicó, al sur de Santiago. El niño nació sano, pero cuando Francisca despertó, una enfermera le informó que la habían esterilizado.
Ella nunca solicitó el procedimiento quirúrgico, ni dio su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el año 2000. 22 años después de lo ocurrido, el presidente Gabriel Boric le pidió perdón en nombre del Estado chileno.
Por su parte, Francisca durante mucho tiempo pensó que lo que le había ocurrido era lo habitual. Sin acceso a la educación sexual y inmersa en una cultura llena de prejuicios hacia las personas con VIH, no tomó conciencia de que era una víctima hasta que la Fundación Vive Positivo, dedicada a entregar información y acompañar a personas con VIH, se acercó a ella y la instruyó.
El caso de Perú
Estos casos también han sucedido en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, en marzo, Perú llevó a cabo el juicio contra tres exministros de Salud por las esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres indígenas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000).
Allí se enjuició a Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. La justicia consideró que impulsaban las esterilizaciones forzadas como una práctica sistemática para disminuir la tasa de natalidad y reducir la pobreza.
La Constitución peruana, al igual que la chilena, señala que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres deben ser consentidos e informados. Sin embargo, las esterilizaciones se practicaron a mujeres de escasos recursos, pertenecientes a comunidades indígenas.