Este martes comenzó el juicio oral y público por la muerte de Saulo Rojas, sucedida en 2013 en la Comunidad Terapéutica San Camilo de Pilar, provincia de Buenos Aires. El 14 de julio de ese año, el joven se quitó la vida tras sufrir la privación de su libertad y una constante violencia en el establecimiento.
En el proceso judicial, que se lleva a cabo en el Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro, hay un solo imputado. Se trata de Ángel Súñez, empleado de la institución, quien es acusado de homicidio culposo y de haber sido quien encerró al muchacho en una celda.
Rojas tenía 23 años, era oriundo de Mendoza y se encontraba en el establecimiento desde hacía más de 12 meses. Llegó allí tras consumos problemáticos y tenía insulinodependencia. Sin embargo, no recibió en la institución el tratamiento que su familia esperaba.
Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, es la primera vez que una muerte en este tipo de instituciones es llevada a juicio. En este sentido, la causa marca un precedente en lo que respecta al cuidado de la salud mental.
Cuando en 2018 el caso se elevó a la Justicia, también estuvieron imputados Martín Iribarne, director general del lugar, y Alejandro Jacinto, director terapéutico. No obstante, por no poseer antecedentes penales, a ambos se les otorgó la suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.
Clausura de la Fundación y condena a la Provincia
En noviembre de 2017, el centro San Camilo fue clausurado tras la inspección llevada a cabo meses antes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En la misma se constató que en el lugar no se respetaron los derechos humanos de les pacientes. A partir de la investigación, el organismo entregó un habeas corpus a la Justicia ese año.
También se advirtió que existían casos de sobremedicación. Además, el escrito aseguró que, si bien el predio estaba habilitado para 24 usuaries, el mismo tenía alojadas a 60 personas. A ello se agregaron las dificultades de infraestructura del sitio, con ventanas sin vidrios; palpable suciedad en las habitaciones; problemas de cañerías; entre otras cuestiones.
El incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental
Sumado a lo hecho por la Comisión, para conseguir la clausura del lugar también fue fundamental el aporte de testigues y el trabajo periodístico realizado por Pablo Galfré.
También en 2017, el comunicador publicó su libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación. En él se encuentran declaraciones no sólo de usuaries de la granja; sino también de autoridades de la misma y de familiares de pacientes.
Además de centrarse en la responsabilidad directa de quienes dirigían este espacio, la búsqueda de esclarecimiento apuntó también contra el Estado. Es así que el 15 de mayo pasado se condenó a la Provincia de Buenos Aires a cumplir con un resarcimiento a la familia de la víctima.
En el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de San Isidro, el juez Luciano Enrici consideró que las entidades estatales no fiscalizaron de manera adecuada las condiciones del lugar.
De esta manera, no se cumplió con lo indicado por la mencionada Ley Nacional sancionada en 2010. La misma tiene como uno de sus objetivos principales garantizar el goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental.
