En 2018 se firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También se lo conoce como Acuerdo de Escazú, por la localidad sede del pacto, al suroeste de San José, en Costa Rica. A esa fecha, el país centroamericano fue uno de los que lideró las negociaciones para el cuidado del medioambiente entre las naciones latinas. Pero, en la actualidad, es uno de los únicos que, aunque firmó el acuerdo, todavía no lo ratificó.
Unos días antes de asumir su nuevo cargo, Rodrigo Chaves, presidente electo de Costa Rica, se pronunció en contra del pacto medioambiental. “Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión”, expresó en mayo de este año.
Este tratado tiene como objetivo prevenir y sancionar las amenazas y violencias contra les defensores del medio ambiente. También, el libre acceso a la información en la materia y la participación ciudadana en el asunto.
Nicolas Boeglin es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en el tema. Afirmó en el Diario Constitucional de Chile que la economía de su país no se verá afectada. “Los costarricenses ya pudieron apreciar que nada de lo que prevén algunas cámaras empresariales ocurrió en el caso de las economías de los países que aprobaron el Acuerdo” .
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El pasado mes de junio se sumó otro país latinoamericano a las firmas que ratifican el pacto medioambiental. Se trata de Chile, que aprobó la adhesión al tratado por amplia mayoría en su Cámara de Diputados y Senadores.
Esto dejaría en 13 el número de naciones que aprobaron la implementación del Acuerdo de Escazú en sus territorios. Chile se suma a Antigua y Barbuda; Argentina; Bolivia; Ecuador; Guyana; México; Nicaragua; Panamá; San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El Acuerdo de Escazú tiene características que lo hacen pionero. Es el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica. Fue el primero del mundo en contener medidas específicas para proteger los derechos humanos de les defensores del medio ambiente.
Además, impulsa el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Garantiza la “participación del público en los procesos de toma de decisiones” sobre procesos de autorizaciones ambientales, “que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.
En Argentina, por ejemplo, un juez se basó en el Acuerdo de Escazú para obligar al municipio de Tandil a entregar información sobre la calidad del agua suministrada.
¿Qué pasa en Costa Rica?
El país centroamericano es uno de los líderes de la región en cuanto a política medioambiental. O por lo menos lo era, hasta la asunción de su nuevo presidente en 2022, Rodrigo Chaves.
Sin embargo, en los últimos años vivió hechos terribles. Dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados. Se trata de Sergio Rojas (en marzo del 2019) y Jehry Rivera (en febrero del 2020). Intentaban recuperar sus territorios ante el avance de personas ajenas a su comunidad.
Por hechos como ese, el gobierno tico fue uno de los principales impulsores de la ratificación del Acuerdo de Escazú en los países. Aunque tras cuatro años, en su propio Congreso el proyecto sigue empantanado y con pocas expectativas de ratificación.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) costarriqueña emitió una lista de razones por la cual se opone al pacto ambiental.
Entre ellas, que la participación del público podría paralizar proyectos empresariales. También aseguran que, si una empresa debe presentar pruebas de que no causa daño ambiental ante una denuncia hipotética, se violaría la presunción de inocencia.
Nicolas Boeglin explicó en el Diario Constitucional de Chile que esto no es tan así. “En ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal”, aseguró.
Y, además, utilizó el ejemplo chileno para calmar los miedos empresariales: “El liderazgo ambiental en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación”.