El Consejo Directivo de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) se reunió el pasado martes en su sede de la calle Azopardo para determinar acciones de lucha frente a la prolongada crisis económica.
Desde el sindicato ratificaron que se realizará la marcha el 17 de agosto, en protesta contra los formadores de precios. Y en reclamo a la política en su conjunto para buscar una salida a la grave situación del país, que afecta severamente a les trabajadores. El movimiento concentrará en el Obelisco para marchar hacia el Congreso de la Nación.
«Este proceso inflacionario erosiona todas las variables macroeconómicas y los salarios», explicó uno de los Secretarios Generales, Hector Daer.
Sin embargo, argumentó que la salida tiene que lograrse desde la política en su conjunto, ya que la situación de crisis «tiene origen en el endeudamiento que se generó en el gobierno anterior, tanto en los sectores de bonos privados como el FMI, que secaron las arcas de divisas».
El respaldo al Gobierno en medio de una ola de reclamos
En un contexto de crítica al gobierno de Alberto Fernández por su falta de capacidad para controlar la inflación y la pérdida del valor de los salarios, la CGT mostró su apoyo y lo ratificará el 17 de agosto. A la vez protestará contra quienes especulan política y económicamente.
Al respecto, Hugo Moyano declaró «muchos tratan de profundizar los problemas y debilitar al gobierno, pero hacen todo lo contrario porque la gente común –el laburante– se da cuenta de la situación y del esfuerzo que se está haciendo”.
Nota al Pie
La mirada crítica de los movimientos sociales
Por otro lado, un amplio sector de los movimientos sociales nucleares bajo la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y la Unidad Piquetera llevan meses manifestando la inacción del Gobierno frente a la situación de las clases populares.
Actualmente, la coyuntura económica es preocupante: «El dólar blue a $337, con una brecha cambiaria enorme; los precios que escalan y la inflación apunta al 100% en el año; se agotan las reservas del Banco Central a pesar del récord de exportaciones. Y hay riesgo hasta de no poder importar gas en lo que resta del invierno», declaró Humberto Tumini, referente de Libres del Sur.
«Si vamos un plan de “estabilización económica” como gusta denominar el FMI a estas políticas de shock, acorde a la larga experiencia al respecto en nuestro país las consecuencias recaerán sobre las maltrechas espaldas de los sectores populares. Sería otra pésima decisión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ir por ese rumbo», advirtió el dirigente.
Por estas razones las organizaciones sociales determinaron una marcha masiva para el 27 de julio. Allí, agrupaciones opositoras y afines al gobierno van a exigir trabajo genuino, el aumento del salario mínimo y otras medidas de emergencia.
Otro de los puntos a reclamar es la criminalización de los movimientos sociales, que son los que están presentes en los barrios conteniendo a familias en situación de extrema vulnerabilidad. En las últimas semanas, se realizaron allanamientos en las casas de les dirigentes sociales.
Les referentes denuncian que esta práctica criminalizadora surge en coordinación de las fuerzas políticas, desde el oficialismo hasta Juntos por el Cambio. Según afirman, esta situación se agravó a partir de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en contra de los movimientos.