La periodista Manuela Calvo declaró que un procedimiento efectuado por la Policía le secuestraron material y herramientas de su actividad en el seguimiento del caso “Arcoíris”. Los fundamentos de la medida por parte de la Justicia riojana consisten en que habría incumplido la orden de no mencionar, en sus publicaciones, a la niña víctima de abusos.
Arcoíris (nombre ficticio) es una niña de seis años de edad quién manifestó que desde sus 2 años y medio era abusada sexualmente por su abuelo paterno. Como consecuencia, su madre realizó una denuncia ante la Justicia Provincial.
La comunicadora sostuvo en sus redes que esto sucede “cuando vos comunicas algo que no desean que comuniques». Por su parte, La Red de Comunicadoras de La Rioja se expresó sobre el hecho como un acto contra la libertad de expresión y de prensa. Con el fin de impedir que se ventile un caso donde se denuncia el abuso a una menor por parte de su abuelo.
La orden de secuestro fue de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”. Fue autorizada y emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, bajo la carátula “desobediencia a la autoridad”.
Actores sociales se solidarizaron con la periodista
Por medio de informes institucionales, la Red de Comunicadoras de la Provincia se pronunció en contra de recursos judiciales extremos. Enunciando que los mismos tienen por finalidad acallar casos “emblemáticos”. Estos hechos se vienen denunciando desde las organizaciones y movimientos feministas en favor del cuidado de las infancias.
La entidad de comunicadoras rogó por la intervención en defensa de la “libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas”. Tanto de organismos de Derechos Humanos, como de autoridades provinciales, nacionales e internacionales.
Además, la red exigió que se termine con la persecución judicial de la Provincia a las comunicadoras feministas. Las mismas que están sosteniendo temáticas como las violencias contra la minoridad, la criminalización de la madre de la menor y de todas las personas que visibilizan estas problemáticas.
Asimismo, otras instituciones se pronunciaron a favor de Manuela Calvo y cuestionaron la llamativa celeridad y postura de la justicia de La Rioja. Es el caso de la Defensoría Provincial del Público, a cargo de Pascual Calicchio, quién recordó en Twitter que la periodista es parte del movimiento NiUnaMenos en la provincia.
Por su parte, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja hizo lo propio y se solidarizó con la persecución sufrida por la periodista. En un contexto de situaciones de censura previa, similares en el distrito provincial.
Caso “Arcoíris”
A fines de abril, la madre de Arcoíris expuso una constancia ante el área de Asuntos Juveniles. En la cual declaró que su hija expresaba no querer ir a la casa de su padre (hijo de su abuelo) “porque tenía miedo”. Sin embargo, la menor debía volver a su hogar paterno en virtud del régimen de tenencia establecido.
En tanto no se cumplió con dicho régimen, se firmó por parte de la Justicia, una orden de detención contra la progenitora por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto de los hijos con sus padres no convivientes. Como consecuencia de esto, la abogada defensora de la madre solicitó una eximición de prisión para la misma.
La causa iniciada en la Provincia de La Rioja se trata de denuncias sobre abuso sexual, régimen de cuidados y alimentos que se tramitan tanto en lo penal como en lo civil. Estas denuncias por parte de la madre se reiteraron en cinco oportunidades.