A partir del 30 de marzo numerosas organizaciones sociales reunidas bajo la Unidad Piquetera realizaron un acampe por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces, las razones de la acción de lucha fueron corridas de eje desde varios sectores para profundizar un discurso contra la libertad de protesta. Tanto los medios de comunicación como los gobiernos se refirieron al acampe como una “extorsión’’.
La manifestación de organizaciones como Barrios de Pie – Libres del Sur, el Polo Obrero y el MST-Teresa Vive, entre muchas otras, tuvo como principales reclamos la reapertura del programa Potenciar Trabajo y el mejoramiento en la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Esto ha generado reacciones adversas por parte del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta.
Mientras se acontecía el acampe en defensa de los sectores más vulnerados en el contexto de crisis económica, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) reveló los datos actualizados del índice de pobreza e indigencia, que fueron del 31,3% y 8,2% respectivamente.
Sin embargo en lugar de atender los reclamos frente una aguda crisis social, desde varias instituciones de gobierno señalaron a les manifestantes desde una mirada criminalizadora. En los medios hegemónicos de comunicación describieron la situación en las calles con títulos tales como “Amenaza de acampe’’, “Todo es un caos’’, “organizaciones sociales piden planes sociales’’, distrayendo del problema central por el cual las personas se manifestaban.
Los testimonios que estigmatizan
Esta ola de declaraciones en contra del acampe, que evitan mencionar las cuestiones sociales en implicadas, comenzaron con el testimonio del propio Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Zabaleta declaró: “hay que buscar otra modalidad de protesta. Comprendemos que hay derechos constitucionales y claramente lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos’’.
Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta acusó de extorsión a les manifestantes: “usan a la gente, Los traen extorsionados con que si no vienen les sacan el plan’’, y opinó ‘’Es una barbaridad, por eso le pedimos al Gobierno que les saque los planes sociales’’.
Para afianzar un discurso instalado de estigmatización a quienes reciben asistencia del Gobierno, el funcionario expresó “Sáquenle los planes sociales y van a ver que no vienen más. Tenemos que replantear todo el sistema de planes que atentan contra el laburo. Hay gente que tal vez podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan’’.
El caso de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, fue más allá. Periodistes de un programa de televisión del canal La Nación + se encargaron de interrogarlo sobre su vida personal. Y lo acusaron de ‘’lavar dinero’’ por no declarar el dinero que dona a las causas sociales.
La criminalización de la protesta
La persecución y la agresión a dirigentes y manifestantes no termina allí. Belliboni, Eduardo Molina, Mónica Sulle y Juan Grabois fueron denunciades por el abogado Francisco Oneto por extorsión, reducción a la servidumbre y entorpecimiento de los servicios públicos. Al respecto, Belliboni declaró que “un abogado muy mediático, defensor de violadores y abusadores me hizo una denuncia penal’’.
Desde la extrema derecha, encabezada por Javier Milei, plantearon la formación de un ‘’movimiento anti-piquetero’’ que tiene como fin investigar y perseguir a les que protestan. El diputado de Avanza Libertad, Ramino Marra, presentó un proyecto de ley para prohibir la manifestación en las calles. ‘’No les tenemos miedo, la calle no es de ellos’’ declaró, estableciendo una postura de enfrentamiento a los movimientos sociales y piqueteros.
En la provincia de Jujuy el gobernador Gerardo Morales encabeza una persecución a través de detenciones ilegales a dirigentes piqueteres que participaron en esa provincia del acampe nacional contra el hambre y el ajuste. Sebastián Copello del Polo Obrero y Juan Chorolque del MTR 12 de abril continúan detenides desde entonces.
El apoyo a los movimientos sociales y a su lucha
Pese a la persecución y criminalización, hay quienes entienden que las necesidades y los derechos reclamados no sólo no son atendidos sino que son criminalizados. Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) declaró «Nos preocupa la situación social y económica. No puede ser que haya trabajadores con hambre y nosotros lo sabemos por las escuelas. No me gustó nada el ataque que se hizo a los compañeros piqueteros».