En los últimos días ocurrieron dos femicidios en Santa Rosa, La Pampa, con tres días de diferencia, ambos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Organización Antirrepresiva (CORREPI), los femicidios cometidos por el personal de seguridad “constituyen la principal causa de muerte de mujeres en manos del aparato represivo estatal”.
Los datos aportados por distintos observatorios sobre la violencia de género contabilizan que cada 29 horas, una mujer es asesinada en Argentina por su condición de género, y que uno de cada cinco de estos femicidios es cometido por miembros de alguna de las fuerzas de seguridad.
El viernes 25 de marzo, Susana Muñoz fue asesinada por su pareja, el efectivo de la Policía Federal, Antonio Gustavo Boland. El lunes siguiente, el sargento del Ejército, Elías Funes mató a su expareja Marianela Vega Merino. Las similitudes son muchas: los dos se suicidaron luego de cometer los crímenes y ambos utilizaron sus armas reglamentarias.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional”. Entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías. Además, 19 de ellas eran funcionarias de seguridad.
A su vez, dentro de los factores que perpetúan el problema mencionan la portación de arma y el encubrimiento policial. Muchas de las mujeres en situación de violencia por parte de policías o militares no denuncian por miedo a las represalias y a no ser escuchadas.
En ese sentido, Marcos Sacco, fiscal encargado de ambas investigaciones en La Pampa, aseguró que había situaciones de violencia de género previas que no fueron denunciadas por las mujeres.
El problema de las armas
Los casos pusieron nuevamente en debate la portación del arma reglamentaria fuera del horario de servicio. Por esta razón, desde el gobierno pampeano informaron acerca del decreto Nº 37, firmado por Sergio Ziliotto.
Este dispone que los agentes “deberán proceder a la entrega inmediata del arma reglamentaria” por diversas situaciones, entre ellas “ante denuncias sobre situaciones de violencia de género o familiar”. También deberán hacerlo “cuando revistan en situación de pasiva, sin distinción de causa o motivo”, y cuando existan “afecciones psicológicas y/o psiquiátricas, previa certificación emitida por profesional competente”.
En relación a ello, según datos aportados por el Ministerio de Seguridad provincial, entre la firma del decreto y enero 2022, exactamente un año, se retiraron 58 armas a efectivos denunciados por casos de violencia de género.
Justicia patriarcal
En Argentina desde el primero de enero de 2022 hasta el 6 de abril del mismo año el Observatorio Lucía Pérez contabilizó 88 femicidios. Además registró que 71 niñes quedaron huerfanes y se realizaron 83 marchas y movilizaciones pidiendo justicia.
De las cifras correspondientes al 2022, desde el Observatorio Ahora que sí nos ven, detallaron que de las víctimas de femicidios ocurridos en 2022, 11 habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección. Es decir que sólo el 14% pudo acceder al sistema de Justicia y sólo el 5% logró una respuesta.
“Por omisión, inacción, negligencia o simple machismo les actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas”, aseguran en su informe. A su vez, remarcan que en lo que va del año 4 de los femicidas fueron policías y uno militar.
En este sentido, la Casa del Encuentro advierte que en 2021 del total de 261 femicidios, 29 agresores eran agentes o ex agentes de las fuerzas de seguridad estatales. Esto representaría más del 11%. Las cifras fluctúan por las maniobras encubridoras de las mismas instituciones de seguridad.
En la misma línea, de acuerdo al informe del Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) que sistematiza los datos de su registro de femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios, el 9% de los femicidios ocurridos en el país fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea activos o retirados, y al menos el 42% de ellos utilizaron sus armas para cometer los crímenes.
Más allá de las cifras y porcentajes, del estudio se desprende que de todas las profesiones o áreas de trabajo de los femicidas, el mayor agrupamiento se da entre los miembros de las fuerzas de seguridad.