Para calmar a la opinión pública, para ocultar a les verdaderes asesines u otros motivos, suelen aparecer les denominades “perejiles”. Se trata de personas que sufren condenas por hechos delictivos que no cometieron pero que sirven para cerrar los casos.
Uno de ellos podría ser José “Josele” Altamirano, un correntino que desde el 1 de agosto de 2015 está detenido por el crimen de Maximiliano Aquino. Está cumpliendo una condena de 22 años de prisión, de los cuales ya lleva 6 tras las rejas.
Aquino salía de una peña junto a una compañera cuando fue interceptado por dos hombres en moto. Sin mediar ninguna discusión, lo atacaron a cuchillazos y falleció ahí mismo. Quien lo acompañaba no pudo reconocer a los atacantes, no se halló el arma homicida, no hay ningún testimonio que señale a Altamirano en la escena ni tampoco se identificó la moto. Sólo hay un pantalón de jean de José con una gota de sangre de Aquino, con una dudosa cadena de custodia de dicha evidencia, según su defensa.
Nota al Pie conversó con su mamá, Analía Altamirano, quien no va a parar hasta lograr que se haga justicia y que su hijo recupere la libertad.
Cronología de ¿una causa armada?
Todo comenzó el 1 de agosto de 2015. Alrededor de las 11 horas, la policía fue a la casa de Analía Altamirano buscando a José porque, según dijeron, había robado una televisión. Pero él se había ido a pescar con su papá, que tenía una canoa. Allanaron su vivienda sin orden de allanamiento, revolviendo todo. Incluso asustaron a sus otros dos hijos, que tienen discapacidad y no entendían lo que estaba sucediendo.
Alrededor de las 15 horas montaron una guardia policial de la brigada en la puerta de su casa. Más tarde, le avisan que detuvieron a su hijo José por el homicidio de Maximiliano Aquino. Lo habían ido a buscar allí en la costa donde estaba pescando junto a otros hombres que nunca pudieron declarar como testigos. Pero ellos relataron que cuando llegó la brigada le apuntaron directo a la cabeza y sin mediar palabra lo subieron a una camioneta.
Volvieron a realizar otro allanamiento, esta vez con orden judicial, a las 18 horas. “Me quedé pasmada porque a la mañana ya habían venido a allanar diciendo que mi hijo había robado una tele”, comentó angustiada. “¿Cómo mi hijo va a robar una tele si estuvo durmiendo toda la noche en casa? Es imposible”, les dijo a los oficiales.
En ese allanamiento se llevaron ropa de todos sus hijos, incluida la ropa de la escuela especial adonde asistía uno de ellos. “Al ver que se llevaban su ropa, comenzó a gritar y a correr, se cayó al piso y se dislocó el codo, por lo que tuvimos que ir al hospital”, continuó relatando. Además de la ropa, también secuestraron su moto y el cuchillo que utilizaban para cocinar.
Cuando regresaron del nosocomio, recién ahí Analía pudo ir a la comisaría a ver a José, pero ya lo habían trasladado a otra. “Tuve que ir caminando de un lado a otro porque se habían llevado mi moto. No me lo dejaban ver, recién a los 3 días lo pude ver de lejos nada más”, explicó.
“Yo les dije a los policías que tenía las fotos de los verdaderos asesinos de Maxi, les pregunté por qué no lo soltaban a mi hijo, les pedí ayuda”. La visita la pudo tener recién a los 3 días, pero en el interín se enteró que lo habían torturado y violado, por lo que la angustia de esta mamá era cada vez mayor. “Cuando tuve la oportunidad de entrar a verlo le pregunté que le habían hecho y no me quería contestar. Le volví a preguntar y ahí mirándome a los ojos llenos de lágrimas me dijo que sí. Ellos querían que el toque la ropa para que quede su ADN ahí y como no lo quiso hacer le hicieron todo eso”, relató.
Luchar hasta la libertad
Inmediatamente quedó detenido, lo procesaron y lo condenaron a 22 años de prisión. “Desde ese momento vengo luchando, pidiendo justicia y la inmediata libertad de mi hijo porque lo que hicieron con él es algo terrible”, expresó Analía. “No sé en qué momento me curaré el dolor y el corazón destrozado que tengo, pero no voy a parar hasta sacar a mi hijo por la misma puerta que lo hicieron entrar”, agregó.
Comentó que ella siempre dijo que su hijo es inocente, le ha dado a jueces y fiscales la evidencia de los verdaderos asesinos de Maxi Aquino pero la justicia correntina no dio lugar a sus pedidos y solicitadas. “Supuestamente la policía, que está para cuidar a los ciudadanos, en realidad está para matar y armar causas”, añadió preocupada.
“Tuvimos mucha persecución policial, amenazas de muerte, dos veces nos quisieron chocar. Los asesinos de Maxi me amenazaron con que me iban a prender fuego la casa. He presentado recurso de amparo para toda mi familia, he denunciado, pero me denegaron todo, me cerraron todas las puertas”, expresó.
Vendió lo poco que tenía hasta quedarse sin nada para solventar gastos como, por ejemplo, recurrir a Nación para que se revea el caso. “He sufrido con mis hijos, el más chico todavía no se puede recuperar de lo que pasó y de lo que le hicieron a su hermano. Hace 6 años que pasamos las fiestas llorando, no podemos compartir una comida, no podemos brindar, no arruinaron la vida a todos”, continuó comentando con una tristeza cada vez mayor.
Marcha Provincial por Justicia
El 29 de diciembre se presentó la Marcha Provincial por Justicia, con el objetivo de difundir todas las causas de víctimas del gatillo fácil, causas armadas y violencia institucional. Entre sus integrantes se encuentran Analía Altamirano, Beatriz Librada Ríos, María de los Ángeles Gómez, Andrea Ojeda, María Julia Esquivel, Juana Sotelo y Anahí Andrade.
Se trata de un colectivo que asesora, acompaña y asiste a víctimas de violencia institucional. “Pido que me ayuden para lograr justicia, no solo por mí sino por todas las mamás que están luchando. Es algo doloroso, es como que uno lo vuelve a revivir, no tenemos consuelo por el dolor y el daño que nos han hecho. Cuando hablo de la causa de mi hijo no puedo seguir hablando porque es revivir todo lo que tuvo que pasar y lo que sigue viviendo”, terminó relatando entre lágrimas.