martes 23 de abril de 2024

Pueblos originarios exigen una prórroga de la Ley 26.160 para evitar desalojos

La norma vigente, que finaliza a fin de mes, mantiene en vilo a estas comunidades. NAP dialogó con el cacique Néstor Jerez, quien brindó sus impresiones
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Protesta de pueblos originarios por la prórroga de la Ley 26.160. Crédito: Estela García NAP

Con 43 votos afirmativos, 2 votos negativos y 7 abstenciones, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que propone prorrogar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Ahora, les ciudadanes de los pueblos originarios esperan que la Cámara Baja extienda o no esta normativa. La misma tiene por objetivo suspender los desalojos de tierras que ocupan tradicionalmente dichas comunidades. Además,  ordena hacer un relevamiento de los lotes territoriales.

Esta ley fue sancionada a finales de 2006 y se prorrogó en tres ocasiones (2009, 2013 y 2017). Ahora, los pueblos reclaman una nueva extensión para poder completar el relevamiento territorial pendiente. Esto sucede actualmente con la comunidad mapuche Paicil Antriao en Villa La Angostura, Neuquén.

Además de la suspensión de los desalojos, esta normativa establece la realización por parte de la autoridad de aplicación, a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras en disputa.

El testimonio de las comunidades

Nota Al Pie dialogó con Néstor Jeréz, cacique del Pueblo Ocloya, quien se encuentra acampando frente al Congreso de la Nación desde hace una semana. “Estamos esperando que Diputados convoque en carácter de urgencia el debate de la prórroga de la ley, en defensa de la vida y nuestros territorios”, sostuvo.

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Néstor Jeréz, cacique ocloya, se encuentra acampando en el Congreso desde hace una semana apoyando este reclamo. Crédito: La Izquierda Diario

“Le pedimos al presidente de la Cámara –Sergio Massa– y a las diferentes comisiones que discutan urgentemente esta prórroga ante los atropellos permanentes que sufrimos las comunidades originarias”, manifestó Jeréz, quien fue violentado con armas de fuego en febrero de 2019 por un empleado del terrateniente jujeño Enrique Verzini.

“Esta ley vence el próximo 23 de noviembre, esperamos alguna respuesta favorable o que las autoridades nos reciban”, finalizó el cacique ocloya, un pueblo indígena que tiene un antiquísimo influjo atacameño. Sus descendientes habitan los valles que hoy llevan su nombre en la Provincia de Jujuy. Sin embargo, en el Censo Nacional 2010 no se reveló la existencia de dicha comunidad.

La situación de les mapuches

En paralelo al debate parlamentario, la provincia de Neuquén firmó en octubre un convenio con el Gobierno nacional. El mismo busca continuar con la ejecución de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas. El werken mapuche Fidel Colipan contó a Originarios.ar que el Estado “se encuentra en la obligación de realizar la Consulta Libre Previa Informada antes de aprobar toda iniciativa que afecte los intereses del Pueblo Mapuche”.

Fuerte denuncia desde el Congreso

En horas del mediodía, el acampe indígena frente al Congreso de la Nación sufrió un sorpresivo ataque. De manera violenta, las autoridades indígenas que llevan adelante dicha acción sufrieron agresiones físicas por parte de un sujeto violento. Este hecho ocurrió mientras Néstor Jerez, cacique del Pueblo Ocloya, era entrevistado por un medio de comunicación respecto a la ley de emergencia 26160. 

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Manifestantes de los pueblos originarios, pidiendo la suspensión de los desalojos. Crédito: Originarios.com

Además sufrieron agresiones la cacique del Pueblo Iogys de Salta, Liliana López, y la Warmi Nilda Aisama, de la comunidad aborigen Tiraxi. Así lo denunció el propio Jerez, que expresó: “este hecho es una muestra más de la violencia que sucede en nuestros territorios ejercida por terratenientes, usurpadores, multinacionales que vienen por los Bienes Naturales que le pertenecen a la Humanidad”.

Además, responsabilizó a los distintos organismos de seguridad presentes: “está lamentable situación es el reflejo de la masacre que sucederá en nuestros territorios ancestrales si no se prórroga la ley antes mencionada. Responsabilizamos de la seguridad física y psicológica a los auxiliares de la seguridad de la plaza congreso. A los funcionarios de CABA (Ciudad de Buenos Aires) y el Gobierno Nacional”.

Por último, manifestó su convicción frente al reclamo: “los territorios ni los derechos NO se negocian, nuestra lucha es permanente hasta la promulgación de la ley 26.160 y la propiedad comunitaria indígena”.

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