Aunque el Gobierno de Guatemala ratificó la Declaración sobre los derechos de los pueblos originarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los pueblos indígenas continúan resistiendo. Aún continúa habiendo desigualdad respecto a la sociedad en aspectos relacionados con la participación política, acceso a la salud, a la educación y al empleo, entre otros.
Actualmente, en el país centroamericano se realizan protestas, cortes de rutas y otras movilizaciones de parte de movimientos campesinos indígenas. Buscan la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general María Consuelo Porras. El presidente está acusado de corrupción por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
Por su parte, Porras despidió al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, esgrimiendo que cometía ilegalidades en sus investigaciones, algo que Sandoval rechazó.
La situación social en Guatemala continúa la crisis comenzada en 2020, producida por los recortes en salud y educación durante la pandemia. Esto afectó a las comunidades indígenas que prevalecen en el país.
Según el XII Censo de Población y VII de Vivienda 2018, Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones (43.75%) se autoidentificaron como indígenas de los pueblos Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes. Los Mayas se componen de 22 etnias: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko. La población indígena se encuentra presente en todos los departamentos y municipios del país.
Legislación de Guatemala sobre los pueblos indígenas
En el área de las leyes, la Constitución de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y una sociedad multicultural. El Gobierno ha ratificado acuerdos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Entre ellos se destaca el Convenio 169 de la OIT, el cual, en 2010, la Corte de Constitucionalidad lo elevó a rango constitucional, obligando al Estado a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa.
También han reconocido la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Fue fundado en 1968 por un grupo de antropólogos como una reacción sobre los informes de graves violaciones de los derechos humanos de pueblos indígenas en América Latina.
En sus diferentes informes publicados en su página web, pueden conocerse las situaciones que viven las diversas poblaciones indígenas. No solamente en América Latina, sino también en Rusia y África.
Desafíos
La participación política de los pueblos indígenas es uno de los principales desafíos que deben afrontar. Tienen prácticamente nulas posibilidades de ser candidates y mucho menos ganar las elecciones.
En cuanto al cumplimiento de derechos como el acceso a la salud, la educación y el empleo, las desigualdades son muy notorias. Mientras la pobreza extrema afecta al 75% de la población indígena, lo hace en el 36% de la población no indígena. La desnutrición crónica en los indígenas es del 58%, comparado con el 38% en los no indígenas.
Las diferencias también se observan en los medios de comunicación de alcance nacional, donde se destaca el español como idioma oficial. Esto no toma en cuenta las lenguas indígenas, cuyos medios tienen una limitada cobertura local.
El acceso al agua es otra de las dificultades que deben afrontar. No hay una regulación pública en cuanto al uso, manejo y conservación de este recurso. Esto hace que empresas privadas se aprovechen de esta situación, ya que no deben pagar por el uso del agua. Tampoco están obligadas a contribuir a su conservación ni asumir responsabilidades por la contaminación de la misma, en caso de producirla. Las fuentes de agua, en su mayoría se ubican en territorio indígena y no hay ninguna protección sobre los acuíferos.
En el 2016 se produjo un hecho histórico para los derechos de los pueblos indígenas. 34 años después de haber forzado a esclavitud sexual y violar a 15 mujeres del pueblo Maya Q´egchi, un grupo de oficiales de las fuerzas armadas fueron sentenciados de 120 a 240 años de prisión. Pero otros crímenes todavía esperan que se haga justicia.
Efectos de la pandemia
Coincidiendo con la llegada de la pandemia, en 2020 en Guatemala asumieron nuevas autoridades en la presidencia, el Congreso y las Alcaldías Municipales. Los efectos de la pandemia fueron mayores en las comunidades indígenas, poniéndose en evidencia la exclusión social y el racismo estructural que soportan.
Los impactos negativos agravaron la pobreza y la inseguridad alimentaria. Por otro lado, quedaron demostrados sus saberes en cuanto a medicina tradicional, buen vivir y solidaridad. Las desigualdades para enfrentar la pandemia se hicieron notorias. El acceso al frecuente lavado de manos, el uso de barbijos y desinfectantes no puede ser costeado por la mayoría de las personas indígenas.
Además, la falta de equipamiento médico en lugares más alejados imposibilita la atención sanitaria en muchos territorios. Tampoco ha habido incorporación de personal indígena en los programas de prevención y tratamiento del COVID-19, ni comunicación oficial en los diversos idiomas nativos.
Corrupción
Ante los casos de corrupción, en 2006 la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Guatemala (CICIG). Esto fue frenado por el Pacto de Corruptos, una movilización de recursos e influencias políticas en la que se sumaron diputados, jueces, políticos y empresarios.
En 2009, el presidente Jimmy Morales, también acusado de corrupción, solicitó el cese de las funciones de la CICIG, en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Como el Secretario General de las Naciones Unidas no accedió al pedido, el Presidente no renovó el mandato de la CICIG.
Todo esto aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, ya que diferentes actores actúan con impunidad saqueando los recursos naturales e instalando proyectos extractivos en la zona.
Exclusión y racismo en las elecciones generales
En las elecciones generales para presidente, vicepresidente, diputados y municipales realizadas en 2009, la postulación indígena fue escasa. De las 23 fórmulas presidenciales, sólo cuatro tenían candidates indígenas. Telma Cabrera, líder indígena Maya Mam alcanzó la cuarta posición, la más alta lograda por una mujer indígena. La campaña en su contra por ser mujer, indígena y activista social imposibilitó que pueda disputar la segunda vuelta.
Si bien la representación legislativa del pueblo indígena no supera el 10% de diputados, han logrado mayor participación a nivel municipal.
Proyectos hidroeléctricos cuestionados
Sin consultar con los pueblos indígenas, a finales de 2019 el gobierno aprobó el Proyecto Rocjá Pontilá, de la empresa Hidro Energía S.A., en el departamento de Alta Verapaz, sobre territorio Maya Q’eqchi. Esto se realizó sin tener en cuenta la oposición de diversos organismos que han denunciado que este proyecto es una amenaza no sólo sobre el Parque Nacional Laguna de Lachúa, sino también sobre la población indígena.
También ha generado controversia la construcción del complejo hidroeléctrico RENACE. Consiste en cuatro proyectos ubicados sobre el Río Cahabón, en parte de territorio Maya Q´eqchi. Diferentes informes indican efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales por lo que solicitan la realización de nuevos estudios de impacto ambiental de forma independiente.
Criminalización a les defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas
En 2019, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, presentó un informe al Comité de las Naciones Unidas para la eliminación del Discriminación Racial. Allí indicó que no hubo avances significativos en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas.
En cuanto al acceso a la posesión ancestral de las tierras indígenas, no se adoptó ninguna legislación. Tanto la Ley de Jurisdicción Indígena como la Ley General de Pueblos Indígenas, no lograron avanzar en el Congreso de la República. Esto demuestra el escaso interés de los legisladores sobre los derechos ancestrales.
En el informe, también se denunció que no sólo continúan sin reconocerse los territorios indígenas, sino que incluso se permiten actividades extractivas en dichas zonas. Además, se criminaliza a quienes pretenden defender los derechos humanos indígenas.