Históricamente, la Plaza de Mayo es el lugar donde les argentines se reúnen para que las autoridades nacionales les escuchen. Este miércoles 11 de agosto no fue la excepción. Diferentes grupos sociales se hicieron presentes frente a la Casa Rosada para entregar petitorios al presidente de la república.
Las Familias Sobrevivientes de Femicidios se acercan al lugar todos los segundos miércoles de cada mes. Entregan una carta en la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la que solicitan una audiencia con Alberto Fernández. Luego de once petitorios, todavía no fueron recibides por la máxima autoridad nacional.
En los encuentros en Plaza de Mayo realizan una conferencia de prensa. En ella actualizan el estado de las causas judiciales de sus familiares víctimas de femicidios, reclaman justicia por sus hijas o hermanas y proponen medidas concretas para que estos casos se traten con más conciencia de género.
Por otra parte, este miércoles 11 de agosto también tomó lugar en Plaza de Mayo un grupo de mujeres trans autoconvocadas. Ellas exigen reparación histórica por los derechos vulnerados que sufrieron desde la época de la dictadura militar en adelante. También denuncian que el cupo laboral trans no las refleja, ya que son mayores de 50 años y algunas no finalizaron sus estudios primarios o secundarios.
Un femicidio cada 30 horas
“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios, nos dirigimos a usted para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados”. Este texto es el que les familiares de mujeres asesinadas en todo el país entregan todos los segundos miércoles de cada mes al presidente Alberto Fernández.
La carta está firmada por Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles; Alfredo Barrera y Rosana Andrea Soggiu, papá y mamá de Carla Soggiu; Ana María Martínez, mamá de Melina Romero; Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa; Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes; Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso; y Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz.
Estos nombres de víctimas asesinadas en los últimos años, se suman a los 176 femicidios y transfemicidios que se llevaron a cabo en los 223 días de 2021. Las estadísticas actuales según el Observatorio Lucía Perez son alarmantes: cada 30 horas matan a una mujer en Argentina.
La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, habló con Nota al Pie y explicó que esta es la onceava carta que se entrega al presidente. “El pedido es que cumplan con nuestros derechos que no se toman en cuenta y un letrado que se haga cargo de nuestras causas”. Denunció que hay fiscales que no reciben a les denunciantes, sin respetar la Ley de Víctimas. También solicitan peritos, ya que hay familias que no pueden financiar los gastos. Por último, se lamentó: ”jamás nos recibió el presidente”.
En este marco, este jueves 12 de agosto se inauguró en la Manzana de las Luces la muestra “El cuarto de Lucía”. Esta instalación ya se presentó en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde asesinaron a la joven de 16 años. Reproduce fielmente el dormitorio de la adolescente, con el objetivo de transmitir los sueños y personalidad detrás de su nombre. Se lo puede visitar hasta el 10 de septiembre en Perú 222, en CABA.
#NiUnaMás: los relatos de les familiares
Además de solicitar una audiencia con el presidente Alberto Fernández, les representantes de las víctimas realizaron una conferencia de prensa en el centro de la Plaza de Mayo. Allí, compartieron el estado de las causas, denunciaron accionares dentro de la justicia nacional y propusieron ideas para tratar los casos desde una perspectiva no machista.
Cecilia Basaldúa tenía 35 años. Fue asesinada en abril de 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. Su papá solicitó la creación de una “fuerza especial” para investigar los femicidios. “En pueblos como el que murió Cecilia hay de todo: droga, trata y convivencia policial. Cuando va alguien que no es de ahí hacen lo que quieren”, afirmó.
Por su parte, el padre de Luna Ortiz también hizo su descargo. Explicó que se acercaron a la Corte Suprema de Buenos Aires para exigir un cambio de carátula en la causa, que hasta ahora se describe como homicidio culposo. “Fue muy difícil encontrar abogades con perspectiva de género. La justicia machista y patriarcal organizó pericias donde se la culpaba a Luna, por su forma de vestir y por ser una piba de barrio. También se nos culpó a nosotros por no contenerla cuando nunca se investigó a los que la asesinaron”, manifestó.
Todos los reclamos de les familiares incluían relatos de una justicia ineficiente. La mamá de Camila Flores declaró que “a ella la asesinaron en Santa Fe y quieren hacer como que se suicidó”. En tanto la hermana de Luciana Sequeira, encontrada muerta en un albergue transitorio, contó: “hoy tuvimos una audiencia que fue vía Zoom. Mi mamá no pudo participar porque está en medio del campo, entonces me conecté yo, pero no me admitieron por no ser la denunciante”.
Quien acompañó a las familias también fue Lupe, una joven tucumana que acusó hace poco más de un año al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual. En caso de no tener novedades por parte del gobierno nacional, les reclamantes volverán a copar la Plaza de Mayo el segundo miércoles del mes de septiembre.
Crédito: Estela García, Nota al Pie.
“Las travestis también tenemos derechos”
Al mismo tiempo, otro grupo de personas se concentraba frente a la Casa Rosada. Se trataba de mujeres trans autoconvocadas, que entregaron al presidente una carta escrita a puño y letra. Piden por una reparación histórica por todos los daños sufridos por parte de las fuerzas policiales, y ayudas económicas ya que no son amparadas por el cupo laboral trans.
“Antes nos llevaban presas por ser travestis durante 30 a 60 días. Nos pelaban, nos manguereaban con agua fría en pleno invierno y nos humillaban” recordaban las mujeres agrupadas en Plaza de Mayo. “Nos metían en los calabozos con los hombres detenidos, porque nosotras éramos varones para ellos. Allí nos pegaban y violaban, solo por ser trans”.
Aparte de la violencia policial, las autoconvocadas explicaron que por su género vieron oportunidades negadas durante toda su vida. “No podíamos estudiar ni trabajar de jóvenes. No teníamos derecho ni a salir a comprar un kilo de pan. Muchas veces tuvimos que pagar para prostituirnos”, comentaron en conjunto. Es por eso que ahora solicitan un reconocimiento por parte del gobierno.
Explicaron que el cupo laboral trans solo incluye a las más jóvenes. Las mujeres allí presentes en su mayoría tenían más de 50 años, cuando “el cupo solo abarca hasta los 45. Las mayores estamos excluidas. A nosotras que a veces no tenemos ni el primario o secundario terminado, con 60 años, ¿quién nos va a dar trabajo?”.
Una de las reclamantes que tiene 67 años, protestó: “a mi la jubilación no me alcanza y para prostituirme ya no me da la vida”. Una de sus compañeras explicaba que “me dan un subsidio de 13 mil pesos para estudiar. Con eso yo pago el alquiler, ¿y con qué como?”.
En este sentido, se declararon totalmente olvidadas: “a las chicas grandes que hemos padecido la dictadura nadie nos da bolilla”. Por eso reclaman una reparación histórica y que el Estado se haga cargo para vivir una vejez digna. Bajo la representación de una abogada, en el mes de septiembre realizarán una nueva marcha y entregarán un nuevo petitorio al gobierno nacional.