“Vecino, vecina, no sea indiferente. Se mata a las travestis en la cara de la gente”. Ese canto sonaba en la tarde de este martes 22 de junio. El lugar era el diagonal 73, en la esquina donde se cruzan las calles 3 y 64, en la Zona Roja de la capital bonaerense: La Plata. Allí, en la madrugada del sábado 19 de junio, fue asesinada Soraya.
Soraya de la Fuente era una mujer trans y trabajadora sexual, migrante originaria de Perú. Recibió dos tiros en el pecho, a manos de dos hombres que dispararon desde un auto. Ellos habían comenzado a hostigarla unas cuadras atrás, y finalmente forzaron ese desenlace.
Ante la falta de respuesta de la policía o el sistema médico, tres compañeras la trasladaron al Hospital Gutierrez de La Plata. Pero ya era demasiado tarde y Soraya falleció. Solana Barrientos, integrante de la organización Venganza Afectiva, afirmó sobre el caso que “hasta ahora no recibimos respuesta del Estado, ni siquiera para costear los gastos de su velorio y entierro. Todo se hizo autogestivamente con las donaciones de compañeras y organizaciones sociales”.
Por eso, en la tarde de este martes se realizó una movilización en reclamo de justicia por su muerte. La concentración fue en las calles 1 y 66 de la ciudad de La Plata, en plena Zona Roja. Allí concurrieron sus compañeras y representantes de diferentes organizaciones feministas y transfeministas. Algunas de ellas eran AMMAR La Plata, Venganza Afectiva, MST Libres y Diverses, Pan y Rosas, Las Rojas, el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, la Coordinadora y Consejería para Migrantes, Frente Popular Darío Santillán y Marabunta.
Desde allí, les manifestantes caminaron hasta el lugar donde ocurrió el asesinato, donde se mantuvieron unos minutos bajo los cantos que reclamaban no sólo justicia ante la muerte de Soraya, sino también que no se asesine a “ni una travesti más, ni una puta más”.
Una vecina del barrio habló con Nota al Pie y contó que las situaciones de violencia a las trabajadoras sexuales son normales desde hace años. “Ellas están tranquilas, son los hombres las que las vienen a molestar. Les tiran piedras y las acosan”. Junto a su familia intenta ayudarlas, pero no siempre es posible.
La vecina, que no quiso revelar su nombre, afirmó que no es la primera vez que sucede un hecho de tanta violencia. “Hace poco ocurrió con otra chica algo similar. También fueron sus compañeras las que la llevaron al hospital”, expresó.
Desde su casa observa que no siempre las fuerzas policiales acuden en ayuda de las trabajadoras sexuales. “Cuando recién empezó la cuarentena nos tocó vivir una situación en que una policía mujer le decía a una chica trans de manera violenta: para mi vos sos un masculino”, concluyó.
Reclamos que no encuentran solución
Después de ese parate, la movilización continuó hacia la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre la calle 6 entre 51 y 53. Ese es el punto de la ciudad donde las organizaciones sociales buscan visibilizar sus reclamos. Esta vez no fue la excepción.
Valentina Pereyra es la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) La Plata, el Sindicato de Trabajadores sexuales de Argentina. En diálogo con Nota al Pie, explicó algunos de los problemas que sufre la comunidad de trabajadoras sexuales, trans y migrantes en la ciudad.
“¿Con qué impunidad se manejan los hombres?”, se preguntaba la integrante de AMMAR al reflexionar sobre la muerte a sangre fría de Soraya. “En este sistema judicial nos vemos victimizadas después de muertas. Seguramente para esclarecer el caso de Soraya, le van a jugar en contra algunas cuestiones que nos atraviesan a las travestis, trans, a las personas migrantes y a las trabajadoras sexuales”. Por eso, apeló a un sistema judicial que tenga un enfoque de género.
Además, hizo referencia a la disputa que hay entre “vecinos y vecinas, como le llamamos nosotras” en el Barrio El Mondongo, dónde se encuentra la Zona Roja platense. “Hay meritocracia, porque ciertos reclamos tienen más legitimidad. Se escucha más a quienes son argentinos, propietarios y heterosexuales. En cambio la vecina que es una trabajadora sexual, travesti, trans, persona migrante, su palabra vale menos. Tiene una desigualdad total”, concluyó Valentina Pereyra.
Lali, Karen Medina Díaz y Érica Sechi son trabajadoras sociales. Las tres forman parte de la Coordinadora y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En la tarde de este martes también marcharon para visibilizar los problemas que viven las migrantes sin recursos que llegan al país.
Soraya era migrante peruana. Las trabajadoras sociales denuncian que “su femicidio no es una situación aislada, sino que tiene que ver con las condiciones de precarización, de absoluta inestabilidad laboral que se dan” para las migrantes trans en la ciudad.
Así, las integrantes de la Coordinadora hicieron referencia a “la falta de políticas públicas para que la población migrante pueda acceder a condiciones dignas de trabajo estable”. Por ello, muchas veces caen en el empleo precarizado. Además destacaron que en estos tiempos de pandemia, donde el lema fue “quedate en casa”, las personas migrantes no pudieron acceder a planes sociales que ayuden en su economía.
Un nuevo Código Contravencional
Muchas personas que no pueden acceder al sistema de trabajo formal, recurren a esas dos formas para mantenerse y obtener ingresos para su vida cotidiana. Valentina Pereyra aseguró que “la solución no es la prohibición del trabajo sexual. En 2015 el intendente Julio Garro fue muy claro: se prohíbe y listo”.
Desde AMMAR llevan adelante una campaña para frenar la aprobación de este código. Su Secretaria General planteó que la prohibición no le soluciona la vida a nadie. Afirmó que se deberían ampliar derechos para poder tener más opciones, por ejemplo la implementación de leyes como el cupo laboral formal trans.
De la misma forma, las integrantes de la Coordinadora y Consejería para Migrantes hablaron sobre el nuevo Código, que también afecta a vendedores ambulantes. Elles verían prohibida su actividad, y aseguraron que sería un despropósito cuando muches migrantes recurren a esta forma de trabajo ante el impedimento de encontrar otros recursos laborales. Como Valentina Pereyra, reclamaron la falta de políticas públicas que ayuden a este sector de la población.