Abr 1, 2021 | Ciencia, Derechos Humanos

El Conicet en la Dictadura: ¿Qué sucedió durante este período?

Dentro del primer grupo se encuentra la Dra. Sandra Pitta, farmacéutica y biotecnóloga, quien en una entrevista que le realizaron en Radio con vos, en noviembre de 2019, opinó que el momento en el cual el Conicet había tenido mayor inversión fue durante el «gobierno militar». Según sus palabras: «Durante el proceso se desfinanciaron las […]

Foto: Télam

Dentro del primer grupo se encuentra la Dra. Sandra Pitta, farmacéutica y biotecnóloga, quien en una entrevista que le realizaron en Radio con vos, en noviembre de 2019, opinó que el momento en el cual el Conicet había tenido mayor inversión fue durante el «gobierno militar». Según sus palabras: «Durante el proceso se desfinanciaron las universidades porque ahí era donde estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos y después de limpiar un poquito el Conicet de rebeldes que se fueron le dieron un montón de dinero al Conicet«. Además, para ella también durante ese período se produjo la federalización de la ciencia.

Para poder conocer qué fue lo que realmente sucedió, Nota al Pie se contactó con Fabiana Bekerman, Dra. En Ciencias Sociales e investigadora del Conicet quien realizó su tesis de doctorado en torno a la política científica en la dictadura indagando en el desarrollo que el Conicet tuvo esos años y transformó su tesis doctoral en el libro «La investigación científica en Dictadura. Transferencias y desplazamientos de recursos (1974-1983)». 

En su investigación determinó que en aquellos años, el financiamiento provenía del tesoro nacional, una partida específica para actividades de investigación  y entre 1975 y 1976 se produjo una transferencia de recursos en esa finalidad desde las universidades nacionales hacia el Conicet.

Presentación libro Cecili Gárgano. Foto: Conicet.gov.ar

Bekerman especificó:“esto provocó que éste  recibiera una inyección de recursos presupuestarios a costa del desfinanciamiento de las universidades. Además, este organismo recibió en 1979 un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que se destinó a la construcción de centros regionales y más de 100 institutos de investigación”. El monto total del préstamo fue de USD 66 millones de dólares para el área de Ciencia y Técnica, de los cuales USD 42 millones fueron para el Conicet, a los que deben sumarse U$ 85 millones aportados por el Tesoro Nacional (Conicet, 1980). 

La historiadora Cecilia Gárgano publicó, en 2015, el libro de recopilación «Ciencia y dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina» donde relata que los mecanismos represivos en el Conicet consistían en la implementación de cesantías por “razones de seguridad”, desmantelamiento de equipos e interrupción de líneas de investigación, persecución ideológica, detenciones y secuestros en los propios lugares de trabajo. En este punto, la Dra. Bekerman afirmó que «hubo más de 600 personas expulsadas del Conicet por motivos ideológicos bajo diversos mecanismos: renuncia sin justificación, cancelación de actividades, baja, dejar sin efecto una designación, cesantía, cambio de lugar de trabajo, suspensión de actividades, entre otros». Además, agregó: «en muchos casos cuando un profesor era dado de baja en la universidad automáticamente era expulsado del Conicet por aplicación de la Ley 21260 Bajas de personal por razones de seguridad y la Ley 21274 Bajas de personal por razones de servicio». Esto se debe a que cuando se produjo el golpe de 1976 las Universidades, el  Conicet y Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) dependían del Ministerio de Cultura y Educación, liderado por sucesivos ministros  católicos conservadores, para quienes la “masificación” de la universidad estaba ligada a la “subversión”. 

En las universidades se debía realizar el “redimensionamiento” y “reordenamiento” del sistema, a través del cierre de carreras, institutos, e incluso, universidades enteras (como en el caso de Luján), el establecimiento de exámenes de ingreso, de cupos por carrera y de aranceles de cursada.  Al mismo tiempo se implementaron mecanismos de control y depuración ideológica que provocaron cesantías masivas, renuncias y exilio de una parte considerable de los profesores/investigadores (Gárgano. 2015). Otra consecuencia de la represión es la desaparición hasta el día de hoy de  Dante Guede, quien se desempeñaba en el Observatorio de Radioastronomía de Villa Elisa (La Plata), Martín Toursarkissian y Manuel Ramón Saavedra que trabajaban en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Por otro lado, se produjo la descentralización de la investigación ya que el porcentaje de institutos, programas y servicios del Conicet radicados en el interior del país ascendió del 21% en 1975 al 30% en 1981. En 1977 se establecieron políticas de estímulo para la radicación de investigadores y becarios fuera del área metropolitana y pampeana, que implicaban el pago de un 30% adicional en sueldos o estipendios, y 36% en el caso de zona alejada, inhóspita o desértica. «Pero la descentralización, la creación de centros regionales y la multiplicación de institutos de investigación también supuso un sobredimensionamiento de  la estructura administrativa –y un manejo discrecional del presupuesto- y no se condijo con la producción científica ni con una agenda de investigación orientada a resolver problemáticas de la sociedad», aclaró la Dra. Bekerman.

Otro ejemplo de las medidas de control ejercidas durante la dictadura es la publicación, entre 1978 y 1984, de «Sociológica. Revista Argentina de Ciencias Sociales», editada con subsidios del Conicet y dirigida por el  filósofo y sociólogo Roberto José Brie, quien además de formar parte de dicho organismo era el director del Instituto de Ciencias Sociales (ICIS). Como las ciencias sociales eran consideradas marxistas, el objetivo de esta revista era legitimar las investigaciones y publicaciones que se hacían en ciertos institutos del Conicet y en universidades privadas católicas, mientras se invisibilizaba a los académicos que habían sido despedidos de las universidades acusados de «subversivos» y que comenzaron a trabajar en centros independientes financiados por fundaciones y organismos privados (CLACSO, Fundación Ford y Rockefeller, entre otras). Al considerarlos como «peligrosos», sus centros eran denunciados ante las autoridades de la dictadura militar. Aunque cabe resaltar que también hubo excepciones, ya que algunos académicos que publicaron en Sociológica no adherían a la ideología de la dictadura militar. También detalla Cecilia Gárgano en su libro que tanto Brie como otros investigadores «crearon fundaciones para recibir subsidios del Conicet con el objetivo oficial de financiar la investigación que se realizaba en los institutos. A la salida de la dictadura las fundaciones fueron denunciadas por malversación de fondos».  En el «Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983″ publicado por Eudeba en 1989, se denuncia que dichas fundaciones subsistieron exclusivamente con fondos públicos, se enriquecieron patrimonialmente (incrementando más de cien veces el capital social integrado con fondos públicos sin ningún tipo de aporte de capital privado) y llegaron a funcionar como verdaderas empresas privadas. De esta manera, se produjo el desvío y apoderamiento de los fondos previstos y otorgados para la investigación.

Hasta 1966 el Conicet había funcionado con absoluta autonomía pero luego hubo un cambio en el mecanismo de designación de miembros del directorio, que apuntó a incrementar el control del gobierno sobre la composición ideológica del cuerpo. En «La ciencia argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000« realizado por D. Hurtado y publicado por Edhasa en 2010, se informa que en dos memorándums reservados dirigidos a la Presidencia en 1967 y 1969 se señalaban como objetivos la “eliminación del grupo izquierdista” y la “disminución del poder del grupo Houssay-Deulofeu” en el directorio y en las respectivas comisiones. Además, ya desde 1967, la Ley 17.40 prohibía el otorgamiento de becas, subsidios o ingresos a carrera de candidatos tildados de comunistas. Esto quedó asentado en el acta de la 213.a reunión de directorio de la Dirección de Control Legal y Técnico, llevada a cabo el 15 de diciembre de 1967, en la que se estableció que cuando exista la calificación de comunista, simplemente se debía denegar el subsidio o la beca de investigación.

Afirmar con liviandad que la mayor inversión en ciencia se produjo en los años más oscuros del país sin considerar la persecución ideológica ejercida sobre cientos de académicos, es negar aquello a lo que no hay que  volver nunca más.

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