El pasado sábado, representantes del gobierno colombiano se reunieron con delegades de los sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El objetivo del encuentro fue considerar el camino para lograr la paz total.
La cumbre tuvo lugar en Caquetá, estado sureño de Colombia. De la misma participó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en nombre del gobierno. Por su parte, Calarcá Córdoba, Alonso 45, Ermes Tovar y Erika Castro representaron a las disidencias de las Farc. Les acompañaron el representante de la ONU, Raúl Rosende, y el diplomático noruego Dag Nagoda como “observadores internacionales”.
En un comunicado posterior a la reunión, tanto el gobierno colombiano como les guerrilleres afirmaron: “Las dos partes expresamos la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada”.
En 2016, las Farc y el Estado del país latinoamericano firmaron un acuerdo de paz, pero un sector del grupo guerrillero no se adhirió. El nuevo gobierno de Colombia, con el presidente Gustavo Preto a la cabeza, tiene como objetivo la paz total para ponerle punto final a un conflicto de casi seis décadas.
Las Farc en Colombia
Desde los años ´60 para acá, un breve resumen para entender por qué es importante lograr un acuerdo de paz. Manuel Marulanda Vélez, luego de un atentado contra su persona en Marquetalia por el ejército colombiano en mayo de 1964, crea las Farc como un movimiento guerrillero.
Según explica el Instituto de Relaciones Internacionales (Iri) de la Universidad Nacional de La Plata, el movimiento se identificó desde el principio con las ideas del partido comunista. Su objetivo era hacer la revolución por cualquier medio posible, y mucho tenía que ver el conflicto por la tierra que se encontraba en manos de grandes terratenientes.
Años más tarde, en la década del ´80, el narcotráfico tuvo su boom en Colombia. Para financiarse, la guerrilla estableció lazos con esa organización ilegal. De esta manera, pudieron invertir en armamento y establecer un entrenamiento táctico para la defensa contra el gobierno del país.
A la historia de las Farc la marcó la violencia: en la pelea contra el Estado, con otras organizaciones, con el narcotráfico. Por eso, en repetidas ocasiones el Estado de la nación caribeña intentó llegar a la paz.
En 1987 el gobierno y las facciones revolucionarias firmaron el “Acuerdo Patriótico”. Pero no duró lo suficiente ya que, en 1990, el ejército colombiano atacó una célula de las Farc finalizando el tratado de paz.
El último acuerdo entre ambas partes fue en 2016, en una serie de reuniones que se llevaron a cabo en La Habana, Cuba. A partir de allí, las Farc tuvieron que entregar las armas al Estado. Además, el tratado establecía que debían transformarse en un partido político que, actualmente, tiene representación en el poder legislativo colombiano bajo el nombre de “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”.
Gustavo Petro y una nueva iniciativa
En agosto de este año, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, presentaron el proyecto de ley para la “paz total”. Busca modificar la ley 418 de 1997, también conocida como ley de orden público.
Su primer objetivo es convertir en política de Estado la política de Paz. De esta forma, los acuerdos que se realicen no dependerán del gobierno de turno, sino que serán vinculantes entre sí.
El punto que algunos sectores colombianos discuten es que se plantea la suspensión de las órdenes de captura de les integrantes de las Farc. Eso sucedería con quienes quisieran participar de los diálogos de paz. Las medidas se aplicarían también para suspender las órdenes de extradición.
Entre otras cosas se propone la creación de regiones de paz con sus correspondientes comisionados. Elles responderían a Danilo Rueda, quien ocupa ese papel a nivel nacional. También se establecería el servicio social como alternativa al militar. Tendría una duración de doce meses y actividades como promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, entre otras.