El dato de crisis habitacional surge a partir de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Así, desde enero de 2021 hasta la fecha hubo 691 familias desalojadas del lugar donde vivían. En tanto, además de ser expulsadas no se llegó a ningún acuerdo entre partes y tampoco existió una próspera por parte del Ejecutivo porteño.
Según explicó el organismo dirigido por María Rosa Muiños, las familias sí habían solicitado “trámites para abordar emergencias habitacionales”, pero sin una respuesta o avance por parte del Gobierno de la Ciudad.
De ese número, 221 casos corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos. También con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, mayormente en el contexto de la emergencia sanitaria. Asimismo, otras 280 se engloban en grupos de situación de vulnerabilidad socioeconómica que acabaron en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares.
La postura de la Defensoría del Pueblo
“En los casos de desalojos judiciales, la Defensoría interviene para asesorar a las familias que reciben las cédulas de notificación y puedan tramitar el subsidio habitacional y otros programas de apoyo económico de la Ciudad”, indican desde el organismo.
Cuando hay menores de edad, personas mayores o con alguna discapacidad “la acción de la Defensoría apunta especialmente a proteger los derechos de estos grupos prioritarios y salvaguardar su acceso a una vivienda digna”, destacan.
Respecto a la violencia policial de cada operativo, desde la Defensoría aseguran que monitorean dichos procesos con el fin de documentar el accionar del personal de la Policía de la Ciudad que interviene. Esto último con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas que son desalojadas.
Crisis habitacional y violencia policial durante los operativos
El 26 de agosto la Policía de la Ciudad hostigó durante horas a 20 familias que vivían en una casa ubicada en Larrea al 800. Según detalla Tiempo Argentino, los uniformados no presentaron una orden de desalojo y las sacaron a la calle bajo la amenaza de un posible derrumbe del edificio.
“Cuando llegó nuestro abogado nos dijo que el desalojo no era legal, que hasta que no traigan un papel de la Justicia podíamos seguir acá”, expresó Norma, una de las vecinas desalojadas.
Asimismo, el pasado lunes hubo otro intento de desalojo en la calle Solís al 1800, ubicada en el barrio porteño de Constitución. Allí, setenta familias resistieron durante horas los intentos de desalojo por parte de la policía que, a instancias de una orden judicial y de un dueño, tiene en venta el edificio a 470 mil dólares. No obstante, tras la resistencia las familias lograron postergar el desalojo hasta el próximo jueves.