El Foro de Economía y Trabajo difundió un informe en el que acusa a Javier Milei y Luis Caputo de encaminar al país hacia una crisis financiera y social más grave que la de 2001. El texto sostiene que el programa oficial ha fracasado, que la deuda crece de manera explosiva y que la recesión impacta con fuerza en la economía real y en los trabajadores.
Según el documento, entre enero y agosto de 2025 la deuda bruta se incrementó en USD 83.555 millones, impulsada por la “bicicleta financiera” que atrae capitales especulativos de corto plazo. Mientras tanto, el dólar oficial, proyectado en $1.323 para fin de año por el presupuesto presentado el 15 de septiembre, ya superaba los $1.515 al 18 de septiembre, pese a las fuertes intervenciones del Banco Central.
El Foro recuerda que Mauricio Macri, en 2018, repitió la frase “lo peor ya pasó” poco antes del estallido que derivó en el préstamo récord del FMI por USD 57.000 millones —de los que se desembolsaron USD 44.500 millones—, y advierte que Milei sigue el mismo camino, aunque “más rápido” y con mayores riesgos de colapso.
Incluso el propio FMI alertó sobre la fragilidad del acuerdo con Argentina: en abril de 2025, el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación advirtió que la capacidad de repago estaba “sujeta a riesgos excepcionales”. Su directora, Ceyla Pazarbasioglu, se negó a firmar la autorización, considerando el préstamo prácticamente impagable.
El texto subraya que los grandes beneficiarios del esquema actual son “una minoría muy rica” que gana con la caída del valor de activos locales y con la fuga de divisas, mientras la mayoría de la población sufre pérdida de ingresos, desempleo y deterioro de derechos sociales.
Frente a esta situación, el Foro plantea una serie de medidas urgentes: recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, aplicar una emergencia cambiaria para controlar divisas, revertir la apertura irrestricta de importaciones, regular precios de bienes básicos y reformar el sistema financiero y tributario. También exige revisar la deuda externa, que califica de fraudulenta, y avanzar hacia un programa federal de industrialización con eje en la producción y el trabajo.
Finalmente, el informe cuestiona al Ejecutivo por gobernar sin presupuesto en 2024 y 2025 y reclama que el Congreso asuma su rol constitucional: sancionar un presupuesto que priorice salud, educación, ciencia y obra pública, rechazar los vetos presidenciales y anular los decretos que vulneran derechos laborales y sociales.