En Emergencia Pediátrica hubo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que para la ley de financiamiento universitario hubo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
El Senado deberá ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso una enorme multitud de estudiantes, docentes, junto a médicos y residentes del Hospital Garrahan, movimientos sociales, partidos políticos, jubilados y sindicatos de la CGT y la CTA fueron parte de la tercera Marcha Federal Universitaria.
La convocatoria tuvo réplicas en diferentes plazas y calles del país en oposición a los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Un panorama muy complejo para las Universidades en la era Milei
Hace unos días el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que nuclea a las 61 casas de altos estudios), Oscar Alpa, había alertado sobre la gravedad de la crisis en el sistema universitario público, marcada por la caída de la inversión y la parálisis de obras de infraestructura.
Es un situación de arrastre, potenciada por la falta de Presupuesto Nacional. De acuerdo a datos oficiales en los primeros 8 meses de 2025, el gasto en universidades cayó 30,4% real frente a igual período de 2023.
El proyecto de Presupuesto 2026, presentado por Milei en la cadena nacional del lunes, destina a la educación superior un 1,5% real inferior a 2025 y un 33% menor a 2023.
Pero si se amplía la comparación y se pone la lupa sobre el mes de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% real contra la inflación.
Desde el CIN, en su última asamblea de rectores, llegaron al cálculo a solicitar para el presupuesto universitario de 2026: 7,32 billones de pesos.
Ese número, sostuvieron, «actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional)».
Este ajuste, detallaron, alcanza para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios y se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento.
Los datos que surgen de lo presentado por Milei y que deberá discutirse en el Congreso, muestran apenas 4.8 billones, muy lejos de lo requerido. Todo indica que, de acuerdo a lo comprometido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en la línea del «deficit cero», el conflicto seguirá abierto, más allá del parche del financiamiento.
Una recomposición que claramente es justa, pero evidentemente insuficiente.
La Emergencia Pediátrica, otro revés para Milei
En la misma sesión, y previo al debate por Universidades, la Cámara de Diputados había insistido con la Ley de Emergencia Pediátrica, que tiene como uno de sus principales objetivos garantizar el financiamiento para el Hospital Garrahan.
La primera vez que se votó el pasado 6 de agosto, había conseguido dos tercios de las voluntades y ahora fue ratificada con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. De este modo, volverá a votarse en el Senado, donde La LibertadAvanza y aliados cuentan con pocas chances de evitar un nuevo freno a los vetos de Milei.
El reclamo salarial de los trabajadores, que lleva años pero se redobló con fuerza en 2024, fue uno de los puntales del proyecto. Fue en el Garrahan donde se hizo el primer paro desde el comienzo del gobierno de Milei y los trabajadores siguen denunciando que,al menos, 200 profesionales dejarons sus tareas en este período.
La norma aprobada por amplísima mayoría declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, «debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud».
También declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como «hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad» y señala que debe garantizarse «su funcionamiento pleno y sostenido».
En esa misma línea, sanciona la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, mediante la cual se modificó el régimen de residencias médicas.
El texto contempla «la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país».