Este martes, la Junta Interna de ATE Garrahan lleva a cabo un paro desde las 7 de la mañana, con una concentración en Combate de los Pozos. A las 13:30, trabajadores del Hospital Posadas, el Hospital Bonaparte, residentes y otras organizaciones de salud se unirán a la marcha hacia Plaza de Mayo, en una protesta conjunta con más de 30 organizaciones de diversos sectores.
La movilización fue ratificada en una reunión de coordinación con sindicatos de la salud, la educación, organizaciones sociales y políticas. «En Plaza de Mayo, de hecho, confluiremos con las clases públicas de los docentes universitarios (AGD-UBA). Redoblamos la apuesta contra el gobierno criminal de Milei, que pretende arrasar con la salud y la educación», declaró Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
Durante una asamblea reciente, los trabajadores decidieron intensificar las medidas de lucha si no reciben respuestas a sus reclamos. «Si no hay respuestas, tenemos que profundizar el plan de lucha. Por eso votamos un paro semanal durante este mes y una asamblea para definir nuevas medidas», explicó Lipcovich. Según el dirigente sindical, la ofensiva del gobierno de Milei, que califican como un ataque generalizado contra los trabajadores, debe enfrentarse con acciones coordinadas, al igual que lo están haciendo en el Hospital Garrahan, el Bonaparte y en los distintos conflictos docentes y estudiantiles.
En el Garrahan se realiza el 50% de los trasplantes infantiles del país y los trabajadores hace meses denuncian que sus salarios están por debajo de la línea de pobreza.
Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, hizo un llamado a que otros hospitales se sumen a la protesta. «Queremos que a la lucha por el salario, que estamos dando con los residentes, se sumen todos los hospitales amenazados por el desmantelamiento o el cierre, como el Bonaparte y otros hospitales nacionales», afirmó Oroz, quien anticipó una gran movilización de trabajadores de la salud tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires. La demanda principal es la recomposición salarial del 100% y un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, que actualmente calculan en 1.500.000 pesos.
Los trabajadores denuncian que la situación es crítica en todo el país, y se niegan a aceptar el congelamiento salarial impulsado por el gobierno, al tiempo que exigen mejores condiciones de trabajo y la defensa de la salud pública.