En el marco del plan de recuperación de viviendas e inmuebles impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura porteña para exigir explicaciones sobre el accionar oficial ante propiedades declaradas en emergencia edilicia.
La iniciativa reclamó información precisa sobre cómo se administraron estos casos desde 2024 hasta la actualidad, y cuáles fueron los criterios utilizados para determinar riesgos estructurales y aplicar medidas como clausuras, desalojos o intervenciones de urgencia.
Qué información le solicitaron al Poder Ejecutivo
El texto legislativo pidió al Poder Ejecutivo porteño que detalle si existen registros actualizados de inmuebles en situación crítica, así como los criterios técnicos utilizados para clasificar el nivel de riesgo de cada edificio.
Además, los diputados solicitaron datos sobre:
- la cantidad de inspecciones realizadas en el período,
- las intervenciones efectuadas con o sin uso de fuerza pública,
- y las medidas adoptadas en cada caso, como clausuras, apuntalamientos o desalojos.
Reclamo por obras y continuidad de las intervenciones
Otro punto central del pedido estuvo vinculado a la continuidad de las acciones tras la detección de riesgo edilicio. En ese sentido, los legisladores exigieron conocer si se realizaron obras estructurales posteriores, cuáles fueron los plazos entre el diagnóstico y la intervención, y en qué casos la emergencia continuó vigente sin avances en reparaciones o refacciones.
La oposición también pidió precisiones sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas y la eventual restitución de los inmuebles una vez finalizadas las acciones preventivas.
Fuerzas de seguridad y asistencia social a las familias
El proyecto también indagó sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante los operativos. En particular, solicitó información sobre la participación de la Policía de la Ciudad, la existencia de detenciones, secuestro de elementos y la coordinación entre áreas técnicas, organismos de control y dependencias sociales.
Asimismo, se requirió que el Gobierno informe cuántas personas resultaron afectadas por desalojos y desocupaciones, qué dispositivos de asistencia habitacional se implementaron, y si existió seguimiento posterior para garantizar condiciones mínimas a las familias desplazadas.