La Libertad Avanza (LLA) pretende instalar su agenda política en la Ciudad de Buenos Aires con la presentación de dos proyectos ante la Legislatura porteña, orientados a reformar el sistema de acceso a créditos hipotecarios en el distrito.
Las iniciativas fueron elaboradas principalmente por el legislador Nicolás Pakgojz, quien ya inició conversaciones con referentes de otros espacios políticos para intentar reunir apoyos que permitan avanzar con las propuestas.
El primero de los proyectos plantea la eliminación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el traslado de todas sus funciones a la órbita de la Jefatura de Gabinete porteña, actualmente a cargo de Gabriel Sánchez Zinny. Desde LLA sostienen que este organismo no cumple con sus funciones y que destina “menos del 4% de sus fondos a la entrega de créditos” para la compra de hogares.
A su vez, la iniciativa incluye una cláusula transitoria que obligaría a Sánchez Zinny a presentar informes periódicos ante la Legislatura detallando el destino de esos fondos. Según explicaron desde el bloque, se busca “que las misiones y funciones y también el presupuesto los absorba la Jefatura de Gabinete para generar políticas públicas que realmente faciliten el acceso a la vivienda”.
Por otro lado, el segundo proyecto apunta a modificar la carta orgánica del Banco Ciudad para que la entidad amplíe su rol en el otorgamiento de créditos hipotecarios. La iniciativa propone reformar el artículo 45 de la Ley N.º 1.779, que regula el destino de las utilidades netas del banco al cierre de cada ejercicio. De acuerdo a La Libertad Avanza, actualmente esos fondos se utilizan para financiar obras del gobierno porteño bajo la categoría de “fines sociales”.
Con la modificación, el apartado quedaría de la siguiente forma: “Del remanente, la parte que supere la necesaria para asegurar la preservación del patrimonio en valores constantes será aplicada exclusivamente a la bonificación directa de las tasas de interés y/o a la reducción de gastos administrativos de las líneas de crédito hipotecario destinadas a personas humanas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las políticas crediticias que determine el Directorio del Banco”.
Recorte presupuestario y cuestionamientos a la política de vivienda
El debate sobre el acceso a la vivienda en CABA también está atravesado por la discusión presupuestaria. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que el Presupuesto 2026 prevé una caída en términos reales de las partidas destinadas a organismos vinculados a políticas habitacionales.
El análisis agrupa dentro de “organismos de vivienda” a áreas encargadas de ejecutar programas de acceso a la vivienda y urbanización de barrios populares, entre ellas el IVC. Según el documento, la reducción podría impactar en la continuidad de obras e intervenciones en villas y asentamientos.
De acuerdo con el informe, aunque el gasto total de la Ciudad aumentaría en términos reales, las partidas vinculadas a vivienda caerían un 22,9% en comparación con 2025. Además, representarían apenas el 0,94% del presupuesto total, el nivel más bajo en al menos 14 años.
Este dato no implica que el monto nominal sea el menor del período, ya que los presupuestos suelen crecer por inflación, sino que la participación dentro del gasto total es la más baja desde al menos 2012 y que el valor ajustado por inflación muestra una caída significativa.
En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mencionó la necesidad de cambiar la política habitacional de la Ciudad. “El modelo de urbanización fracasó porque los asentamientos siguieron creciendo”, señaló en una entrevista refiriéndose al plan implementado entre 2015 y 2023 por su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.
Dicho programa incluyó la incorporación de servicios básicos, infraestructura, viviendas nuevas y equipamiento social en barrios populares como el Barrio Mugica, Villa 20, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita.
Además, reclamó que parte de los recursos destinados a la urbanización de barrios populares podrían haberse usado para facilitar el acceso a la vivienda a sectores medios.
Desde ACIJ, sin embargo, cuestionaron el rumbo de la gestión actual. Según la organización, los procesos de integración socio-urbana fueron una prioridad durante el gobierno anterior, mientras que en la actual administración “se suspendieron licitaciones y obras, luego se retomaron de manera muy lenta y no se finalizaron”.
La entidad también advirtió que, pese al discurso oficial sobre el apoyo a la clase media, el presupuesto destinado a créditos y programas de alquiler sigue siendo reducido. “Las partidas destinadas a créditos y programas de alquiler son muy bajas, sólo el 4%. Eso no es una política integral de vivienda”, expresaron desde la ACIJ.