Los sindicatos estatales reunidos en el ámbito de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvieron convocar a un Paro General con movilización el día en que el Senado trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Además, evalúan anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores respalden la iniciativa del Gobierno nacional.
La decisión fue adoptada durante una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, sede del sindicato. Según adelantaron, el mandato será llevado a un encuentro con sindicatos de la CGT que se realizará en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Las iniciativas se suman a campañas como las que esta semana está llevando a cabo la Seccional Capital de ATE.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida de fuerza no puede limitarse a una acción aislada. “Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó.
En ese sentido, el dirigente planteó la posibilidad de organizar un cronograma de protestas previas, con especial foco en las provincias que acompañen el proyecto del Poder Ejecutivo. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado y hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, señaló.
Aguiar también cuestionó las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, ante los mandatarios provinciales, y consideró que el respaldo de los gobernadores resulta clave para la aprobación de la iniciativa. “Las recorridas muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, deben ser considerados responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, sostuvo.
El peligro de la Reforma Laboral
Desde el espacio sindical advirtieron que la reforma laboral sí impacta en el sector público, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno nacional. Argumentaron que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.
Entre ellos mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la DGI, la Aduana, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.
Además, cuestionaron los cambios propuestos en la figura del monotributo, al considerar que la no presunción de vínculo laboral podría profundizar situaciones de fraude laboral tanto en el Estado nacional como en las provincias y municipios.
Otro de los puntos señalados fue la modificación del artículo 79 del proyecto, que introduce cambios en la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo, lo que, según los gremios, debilita la protección judicial de los trabajadores.
«Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”.
Rodolfo Aguiar
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores, al tiempo que se multiplica el poder de los empleadores. Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle y ponerle límites al Gobierno”, concluyó Aguiar.
Del encuentro participaron, además de ATE, gremios de las áreas judicial, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, banca, PAMI, actividad portuaria, docencia e investigación universitaria, así como jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laborales y académicos.